El Tribunal Constitucional aprobó una Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre una serie de artículos que prohíben el consumo, la compra-venta de semillas, la plantación y la distribución de marihuana. Ocho jueces se posicionaron a favor y apenas 3 en contra.
Los artículos en cuestión ya habían sido declarados inconstitucionales por la institución, pero el Congreso no actuó al respecto. Era su obligación reemplazar o reformar las leyes, y se les concedió tres prórrogas para hacerlo. Sin embargo, ante la negativa del poder legislativo, la Corte Suprema decidió aplicar una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Es la segunda vez en la historia que se utiliza esta figura legal.
La decisión de la Corte Suprema obliga a la Secretaría General de Salud a emitir autorizaciones para los adultos que deseen sembrar, cosechar, transportar y consumir marihuana. Esto será obligatorio para el poder ejecutivo sin importar cuánto tiempo se tome el congreso parra sancionar nuevas leyes.
Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud se verá obligada a emitir los permisos a todos los ciudadanos que los soliciten. Hasta ahora, solo aquellos que realizaban una presentación judicial recibían el aval de la cartera para ejercer ese derecho.
Sin embargo, por el momento, sigue siendo delito el narcomenudeo, dado que no se ha modificado el Código Penal. Lisa Sánchez, la directora general contra la delincuencia de México Unido declaró: "Crear un mercado legal de la marihuana sigue siendo cosa del Congreso".
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