Denuncian al argentino Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, que en 8 años llegó a acaparar más del 30% del mercado del tabaco en Argentina, de evadir impuestos y "subfacturar" el precio de los paquetes de cigarrillos ante el AFIP.
Según la consultora Abeceb, no se trata de la única pyme de tabaco con práctivas evasoras: sus números de mercado crecieron exponencialmente respecto de la competencia, que está en manos de empresas multinacionales, ya que pasaron del 5,6% del total de producción en 2016, al 38,4% en 2023.
A principios de año Tabacalera Sarandí pagó impuestos "como si sus tres principales marcas de cigarrillos costaran sus paquetes en los kioscos entre $256 y $278, mientras sus productos se vendían en kioscos entre $600 y $800. ¿Quién se quedó con esa diferencia? Otero y una mafia de políticos, jueces, espías, periodistas, medios e inspectores de la AFIP", aseguró un especialista de la industria a Clarín.
El "Señor del Tabaco", como le dijo directamente Milei, es Pablo Otero, según cuatro fuentes consultadas por Clarín, que produce y distribuye cigarrillos con las segundas marcas Red Point, West, Kiel, Nevada, OCB y Master. También vende tabacos, toscanos, cigarritos e insumos para armar cigarrillos.
Milei, dentro de la Ley Ómnibus, propuso aumentar las retenciones de las tabacaleras al 15% de sus exportaciones, hecho que Otero criticó. A la Ley Ómnibus le dijo "Ley Massalin Temporada 3" porque "representa una práctica común realizada por las multinacionales para monopolizar el mercado. Tanto BAT como Massalin han establecido sus propias reglas al menos desde la década de los '90, mediante Acuerdos de Recaudación con los diferentes gobiernos, que nunca se cumplieron".
Massalin es la empresa que controla Philip Morris, que tenía el monopolio del mercado hasta la irrupción de Tabacalera Saradí. "Si hubo lobby para la sanción de la Ley Massalin (por la Ley Ómnibus), definitivamente no fue por nuestra parte. ¿A qué funcionario se le ocurriría gravar el IQOS, cigarrillo electrónico, estando prohibido? Es evidente que la ley está redactada por y a favor de Massalin. Eso es comparable a querer gravar la marihuana para cuando se legalice", sostuvo Otero.
Philip Morris, en 2019, cerró una planta en Corrientes y despidió a 220 trabajadores y expresó que "la decisión de cesar las actividades en la planta de Goya responde a que en los últimos años se redujeron las ventas de la compañía, principalmente por el aumento de la participación de mercado de empresas que no pagan los impuestos correspondientes".
