Este jueves el Gobierno de la Ciudad presentó un nuevo "protocolo de salud mental" que consistirá en la articulación entre diferentes dependencias porteñas para atender y, de considerarse "que la persona representa un riesgo para sí mismo o para terceros", encerrar a los individuos en situación de calle.
A través de un video en las redes sociales de Jorge Macri, el Gobierno porteño anunció un "nuevo protocolo de salud mental" argumentando que la Ley nacional en esa materia "no sirve" y que no se puede cambiar desde la Legislatura. Según el discurso oficial, el objetivo es "fortalecer los canales y la coordinación entre las áreas necesarias" para brindar atención a quienes lo necesiten.
De este modo, se generan procedimientos de actuación conjunta estandarizados que aplicarán de igual manera todas las áreas que intervienen en esa materia: los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud y Seguridad y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Básicamente, los funcionarios detectan la presencia de personas en situación de calle a través de sus canales telefónicos (107, 108, 147 ó 911) o de agentes de Buenos Aires Presente o la Policía de la Ciudad.
Si consideran que la persona representa un riesgo para sí mismo o para terceros se lo interna aunque no preste su consentimiento.
Si estos consideran que la persona está atravesando una crisis o problema de salud mental o consumo problemático se da intervención a la unidad de emergencia en esa área del SAME. En tanto, si el equipo médico lo considera necesario, podrá trasladar a la persona al Hospital General de Agudos, donde el personal informará al paciente "en términos claros acerca de su estado de salud, los tratamientos que se propongan, las alternativas terapéuticas y las posibles consecuencias de no tratarse".
Asimismo, el equipo interdisciplinario podrá determinar la internación del paciente si se considera que supone "un riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros", en un plazo que se puede extender hasta 72 horas posteriores al ingreso y que finalizará al momento que se confirme el cese del riesgo, consignó Télam.
"Si consideran que la persona representa un riesgo para sí mismo o para terceros se lo interna aunque no preste su consentimiento, si no presenta riesgo se le hace un seguimiento que es algo que antes no se hacía", sostuvo Jorge Macri en el video compartido en sus redes.
"Estamos trabajando mucho con profesionales de la salud y familias de personas con problemas de consumo; el artículo 20 de la Ley de Salud Mental no funciona, la lógica de que una persona con estos problemas va a levantar la mano y pedir ayuda no sucede", completó el funcionario respecto de la cuestión del consentimiento.
Qué dice la Ley de Salud Mental criticada por Macri
El artículo 20 de la Ley criticada por Macri reza que "la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros".
Además, establece una serie de requisitos, entre ellos que no exista realmente otra alternativa eficaz para tratar a la persona y que los responsables de la internación confeccionen un dictamen explicando cuál es esa "situación de riesgo cierto e inminente" que motivó la decisión. Este documento debe llevar "la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra".
En tanto, el artículo 21 indica que todas esas constancias deben entregarse a la Justicia en no más de 48 horas y que en un plazo de 10 horas desde la internación es obligatorio notificar "al juez competente y al órgano de revisión". Por su parte, el juez podrá aprobar la internación, rechazarla o pedir más información.
A todas estas medidas para prevenir arbitrariedades, entendiendo lo delicado que es internar a una persona contra su voluntad y los riesgos que supone, se añade en el artículo 22 que "la persona internada involuntariamente o su representante legal tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación" y "el defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento".
El anuncio de Jorge Macri ya generó controversia en redes sociales, donde varios usuarios alertaron sobre la posibilidad de que se interne arbitrariamente a las personas en situación de calle, que tienen la particularidad de ser más vulnerables a posibles abusos de parte de las autoridades.
En esa línea, diferentes personas advirtieron que el protocolo podría generar una situación en la que simplemente se "esconda" a quienes no tienen donde vivir en lugar de brindarles atención genuina, y reforzaron sus señalamientos apuntando a varios dichos de campaña del actual jefe de Gobierno, quien había prometido evitar que las personas en situación de calle "se apropien de algunos sectores de la ciudad".
En igual sentido, Jorge Macri había protestado porque "los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes".
