En las últimas horas, diferentes organizaciones anunciaron que presentaron una denuncia penal contra Victoria Villarruel por ignorar el pedido de sesión especial para tratar el DNU 70/23. Los senadores de Unión por la Patria vienen pidiendo que la vicepresidenta convoque a discutir el Decreto desde los últimos días de enero.
"Denunciamos penalmente a Victoria Villarruel", anunció el economista Claudio Lozano, y señaló que la presidenta de la Cámara de Senadores "está incumpliendo con su deber de convocar a sesión especial" para discutir el DNU, "violando la Constitución Nacional y el Reglamento del Senado". Además, sostuvo que la conducta de la vicepresidenta "obstaculiza el mandato constitucional y la Ley N° 26122".
Los denunciantes son el Observatorio del Derecho a la Ciudad (Abog. Jonatan Baldiviezo), el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos (Inga. María Eva Koutsovitis), Naturaleza de Derechos (Abog. Fernando Cabaleiro) y Unidad Popular Nacional (Economista Claudio Lozano).
En igual sentido, los cinco senadores que habían pedido sesión especial el 24 de enero le mandaron una carta a Villarruel ayer, volviendo a exigirle el llamado a sesionar.
"Nos dirigimos a usted, en relación a la Nota que los senadores José M. Mayans, Juan Manzur y Sergio Leavy y las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio le enviáramos el pasado 24 de enero, por medio de la cual le solicitamos la citación a una sesión especial para el dia 01 de febrero del corriente año", se lee en la nota.
"En tal sentido, y considerando que usted incumplió su obligación de citar a la sesión especial solicitada, vulnerando el artículo 20 del Reglamento de esta H. Cámara, venimos nuevamente, en los términos del articulo 19 del citado Reglamento, a exigirle que cite a una sesión especial a celebrarse el 15 de febrero del corriente año, a las 14 horas, con el objeto de considerar el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023 (conf. Ley 26.122)", remarcaron los legisladores.
Concretamente, el artículo 19 del Reglamento del Senado indica que "la Cámara puede celebrar sesión pública especial a petición de cinco o más senadores o del Poder Ejecutivo, debiendo expresarse el objeto de la misma"; mientras que el 20 prescribe que "el presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el Cuerpo".
En tanto, la legislación vigente dispone que, tras emitirse un Decreto, el jefe de Gabinete debe enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente, la cual tiene un plazo de 10 días "para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras".
A la vez, la Ley 26.122 reza que si ese plazo de 10 días se vence sin que la Comisión Bicameral se pronuncie (que es, efectivamente, lo que sucedió con el DNU 70/23), las Cámaras deberán volcarse "al expreso e inmediato tratamiento del decreto".
El DNU 70/23 que desregula la economía empezó a regir el 29 de diciembre pasado, a los 8 días de publicarse en el Boletín Oficial, de conformidad con lo establecido por el Código Civil y Comercial. Como dispone la legislación de nuestro país, debía ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero Martín Menem, presidente de Diputados, nunca terminó de conformarla.
En ese punto, los senadores de la oposición comenzaron a reclamar a Villarruel su tratamiento, conforme lo dispuesto por la Ley y las normas de la Cámara, y hasta el momento fueron ignorados. La vía parlamentaria es la más segura y eficaz a la que apuntan los legisladores opositores para frenar el DNU, que para caer debería ser rechazado por ambas cámaras.
