Desde que Luis Caputo anunció, este viernes por la noche, que el Gobierno decidía quitar el capítulo fiscal del proyecto de Ley Ómnibus, la oposición reaccionó en redes sociales, donde se registraron respuestas favorables de parte de la parte considerada “dialoguista” y fuertes rechazos desde sectores como el peronismo y la izquierda. Uno de los aspectos más criticados en ese contexto fue el mantenimiento de lo que se considera una cesión de facultades extraordinarias al presidente.
En detalle, lo que Caputo anunció que se elimina del proyecto son “el blanqueo de capitales, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la ley de ganancias, las retenciones y la modificación de la fórmula jubilatoria”. Sin embargo, la Ley Ómnibus tiene 664 artículos sobre una gran diversidad de temas diferentes entre sí que también fueron objeto de discusión y rechazo, pero que se mantendrán en el texto.
De este modo, el Gobierno se propuso saldar los conflictos que atravesó, en los últimos días, con los gobernadores de diferentes provincias y otros dirigentes opositores, sobre todo de Juntos por el Cambio, cuyas principales quejas apuntaban a las retenciones a las economías regionales y a la modificación de la fórmula jubilatoria.
Uno de los mayores exponentes de la aprobación de este cambio fue Rodrigo de Loredo, diputado de la UCR, quien calificó la maniobra del Gobierno como una “decisión acertada”. En términos muy diferentes, legisladores de Unión por la Patria y de la Izquierda apuntaron a que se mantiene intacta una buena cantidad de cuestiones, a su parecer, preocupantes, como el otorgamiento de facultades legislativas al presidente.
Según el proyecto de ley original, tales facultades durarían hasta fines de 2025, aunque con la discusión en el Congreso el oficialismo propuso reducir ese período a un año. Para ello, el texto de la Ley Ómnibus propone hacer “efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional”.
¿Qué dice ese artículo de la Constitución? Que “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Con esa base, el proyecto del Gobierno propone declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social”.
Cabe resaltar que las facultades extraordinarias son más abarcativas que una delegación legislativa, y las primeras sí están terminantemente prohibidas por la Constitución.
“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”, sentencia su artículo 29.
Ahora bien, aunque el proyecto haga referencia a una “delegación legislativa”, varios dirigentes opositores sostuvieron que, en la práctica, la medida equivale a concederle a Milei facultades extraordinarias, señalamiento que tuvo su máximo exponente en el pronóstico de Myriam Bregman sobre que nos gobernará un “mono con navaja”.
En síntesis, lo que Milei podría hacer con facultades extraordinarias, o con una delegación legislativa, sin importar el nombre que se le ponga, es tomar decisiones salteándose la discusión en el Congreso. En otras palabras, el presidente estaría habilitado, por un año, a tomar medidas y aprobar normas por decreto, con lo cual, por ejemplo, podría aprobar sin problemas los aspectos que ayer se removieron del proyecto de Ley Ómnibus.
