El Gobierno informó a través de un comunicado que queda suspendida la asignación de horas extra para los empleados de todos los organismos que pertenecen a la Administración Pública Nacional, "debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente". Esto implicará que para pedir horas, se necesitará una autorización previa del área que las solicite, donde figurará el motivo del pedido.
La resolución lleva la firma de Armando Daniel Guibert, a cargo de la secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública, que depende de la Jefatura de Ministros que encabeza Nicolás Posse, y les fue enviada a los máximos responsables de los ministerios y de las secretarías o subsecretarías que dependen de cada cartera.
De manera excepcional, el escrito explica que existe la posibilidad de solicitar de manera fundamentada la asignación de servicios extraordinarios: "Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas”, se amplía en el escrito que se envió a las reparticiones públicas con fecha del miércoles 10.
“En este último caso, la autoridad con rango no inferior a Director Nacional; General o equivalente, deberá solicitar la asignación de los servicios extraordinarios, previo informe circunstanciado sobre las causales que impiden dar cumplimiento a los requerimientos de servicios, fundado en un análisis de dotaciones y modalidades operativas”, agrega.
“La citada solicitud deberá elevarse a la máxima autoridad administrativa con competencia en la administración del presupuesto de cada jurisdicción o entidad, quien la aprobará o denegará. Esta última comunicará tal decisión al área responsable de los recursos humanos y a la autoridad requirente”, consigna más adelante.
“A su vez, cada autoridad administrativa deberá informar mensualmente a esta Secretaría, con copia a la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional del Ministerio de Economía, la asignación de servicios extraordinarios autorizados y el impacto presupuestario”, culmina.
El pasado 26 de diciembre, el Gobierno había decidido no renovar los contratos del sector público que se habían firmado a partir del 1 de enero del 2023, al mismo tiempo que prorrogó un decreto, el 426/22, que contemplaba restricciones en el mismo sentido hasta el 31 de marzo de este año.
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