Este martes, la Iglesia católica informó que concluyó el proceso gradual de renuncia a los aportes del Estado que había comenzado en 2018. Lo hizo a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina fechado el 28 de diciembre y difundido ayer a través de Twitter.

“La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950”, anunciaron desde la Iglesia.

El proceso de renuncia mencionado comenzó en 2018 con un congelamiento de los montos percibidos y consiste en poner fin, gradualmente, la asignación mensual que cobraban los obispos y arzobispos según disponía la ley 21.950, creada por la última dictadura en 1979.

“Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”, reza el primer artículo de esa ley.

Esta norma constituye uno de los principales instrumentos legales que habilitaban el sostenimiento de la Iglesia por parte del Estado, junto con la 22.162 y la 22.950. Sobre estas dos últimas, la primera otorga una asignación mensual “a los curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en Zonas de Frontera” o en zonas económicamente marginadas, mientras que la segunda hace lo propio con los seminaristas.

En 2018, mismo año en que el debate por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la separación entre la Iglesia y el Estado se instalaron con fuerza en el debate público, los obispos y arzobispos de todo el país se comprometieron a desprenderse gradualmente del aporte estatal.

En esa línea, los obispos indicaron que "avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país".

"Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres", destacaron también en declaraciones citadas por Télam.

Asimismo, la CEA aclaró que, como se acordó en abril pasado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, sólo seguirán recibiendo el aporte del Estado “los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez” que lo soliciten particularmente y cumplan con una serie de requisitos. Tal asignación, precisaron finalmente, es de $98 mil.

De este modo, sigue avanzando el desvinculamiento eclesiástico-estatal, un proceso comenzado hace varios años y que no se corresponde, como circuló originalmente en redes sociales, con una decisión del gobierno actual. Quedará por ver qué sucede con otros beneficios, como las exenciones impositivas.