La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente al presidente Javier Milei y a todos los involucrados en la elaboración del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido la semana pasada por incurrir en abuso de la autoridad y varios delitos.

En ese sentido, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, escribió en sus redes sociales: "Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU". El dirigente gremial sostuvo que la denuncia penal es por la comisión de varios delitos. De esta forma, enumeró tanto el de abuso de autoridad y la usurpación de autoridad enmarcados en el código penal.

También añadió el delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al Presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su Gobierno.

Dicha denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 a cargo de Sebastián Ramos. La misma se suma a los cuatro amparos que ya se presentaron, por otro lado, en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Milei dio de baja a 7 mil empleados públicos por decreto

En el marco de su plan de ajuste, después del DNU que firmó Javier Milei, el Gobierno dio de baja los contratos de siete mil empleados públicos que entraron este año. Con la firma del presidente, hoy se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 que confirma la medida. Además, se revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes del 2023.

En efecto, el artículo 1° establece que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”.

De esta manera, el decreto alcanza a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, ANSES, PAMI y AFIP.

En este contexto, dieron de baja cerca de siete mil empleados de distintas áreas del Gobierno. Los trabajadores de planta permanente se salvaron de la medida al igual que las contrataciones “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales” y el personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad”