El Tercer Malón de la Paz sostenía hace cuatro meses un par de acampes pacíficos en la Ciudad de Buenos Aires. Frente al Congreso, la Casa Rosada o Tribunales, varios miembros de comunidades originarias se agrupaban en torno de unas pocas carpas reclamando la intervención del Gobierno nacional en la provincia de Jujuy. Hoy, cuando ya tenían programado abandonar la Plaza Lavalle, la Policía de la Ciudad llegó con al menos una veintena de efectivos armados a empujar el desalojo.
Las versiones de la Policía y las de los manifestantes son disímiles. Mientras que, según los primeros trascendidos, los efectivos aseguraban estar allí para “ayudar” con un “operativo de higiene”, los miembros del Tercer Malón de la Paz sostienen que la llegada de la fuerza constituyó un acto de hostigamiento sin sentido, dado que ya estaban dejando la plaza por su propia cuenta.
“Desde esta mañana la policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del jefe de operativo junto a Espacio Público de encuentran desalojando a integrantes del Tercer Malón que realizan una Permanencia pacifica en Plaza Lavalle”, escribieron desde la cuenta de Instagram de la articulación de comunidades originarias.
Y completaron: “Si bien el Malón en el día de hoy realizaría la vuelta a territorio, son hostigados violentamente por la policía que los están desalojando de un espacio público dónde llevan adelante una permanencia desde hace más de 4 meses contra la reforma inconstitucional de la provincia de Jujuy”.
El desalojo se produce a poco de conocerse el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que consiste básicamente en la represión policial de los cortes de calles, la identificación y registro de los manifestantes y el paso de las facturas por los costos de los operativos a los mismos. Más allá de las críticas que despertó el protocolo por su interferencia con el derecho a la protesta, lo cierto es que el Malón de la Paz no estaba cortando el tránsito sino usando una porción de la plaza.
¿Qué pedía el Tercer Malón de la Paz?
El Tercer Malón de la Paz llegó a la Ciudad de Buenos Aires desde Jujuy en agosto pasado, luego de que el gobierno jujeño de Gerardo Morales aprobara una reforma constitucional express que se contradice con los derechos de los pueblos originarios a decidir sobre sus territorios. Los cambios desataron una ola de manifestaciones protagonizadas por militantes, docentes y otros trabajadores y autoconvocados, pero sobre todo por los pueblos originarios.
Es que, como detalló en su momento Diario Con Vos, las comunidades originarias jujeñas habitan los territorios donde se encuentran los salares de litio que pretenden explotar ciertas empresas multinacionales, sobre todo la firma NewCo que resulta de la fusión entre la australiana Alkem y la estadounidense Livent.
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva Constitución se encuentra en los artículos 67 y 74, dado que el primero fija las bases para perseguir la protesta social y el segundo dispone que "la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia".
De este modo, lo que argumentan los pueblos originarios es que el Estado provincial no los consultó para aprobar una reforma que habilita la explotación privada de las tierras donde viven sus integrantes. De hecho, la consulta a las comunidades originarias es una imposición consagrada en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
