Los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, le pidieron a la jueza María Eugenia Capuchetti que les permita acceder a los resultados de las pericias que se realizaron al celular del diputado Gerardo Milman después de que ordenara mantenerlos guardados.
El 15 de septiembre Capuchetti "ordenó mantener en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado, información digital relativa a Gerardo Milman". La información en cuestión es el registro de llamadas y mensajes entrantes y salientes del celular del diputado del PRO, más no el contenido de esas llamadas y mensajes.
Milman está complicado en la causa del atentado a la vicepresidenta porque días antes presentó un proyecto en el Congreso donde hacía mención a un falso atentado contra CFK, dos días antes del intento de magnicidio un testigo lo escuchó decir "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa" en un bar, el mismo día del ataque pedía precisiones sobre la custodia presidencial y una de sus asesoras reveló que borró su celular en las oficinas de una ONG de Patricia Bullrich.
La jueza demoró un año en solicitar el celular para realizar las pericias y ahora que cuenta con el registro de llamadas no permite el análisis de esa información. La magistrada tampoco estimó por cuánto tiempo permanecerá guardado el registro.
"La actitud de V.S. respecto de todo el trámite vinculado con Gerardo Milman cada vez despierta mayores sospechas de que las obstrucciones a la producción de prueba son producto de mala voluntad y no solo de una evidente incompetencia", argumentan el escrito de los abogados de la titular del Senado.
Luego de una decisión de la Cámara porteña, Milman había entregado su celular a la Justicia pero el 4 de septiembre su abogado dijo que tenía "dos líneas móviles, más una utilizada solo para WhatsApp". El fiscal Carlos Rívolo le pidió a la jueza Capuchetti que pidiera el tráfico de IMEI, que es la identificación de cada celular, de las dos líneas de Milman, incluidas las llamadas y mensajes entrantes y salientes. La jueza se negó a cursar el pedido del fiscal. Alegó que "no surgía de ningún lado que dar a conocer el tráfico de IMEI requiriera informar datos sobre llamadas y mensajes entrantes y salientes".
