La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución judicial en la que se determinó que hubo "notorias deficiencias" en la rendición del origen de aportes que figuran a nombre de personas físicas por casi 22,3 millones de pesos, un tercio del total, en el 2017. Según este órgano de la Justicia, Cambiemos utilizó a beneficiarios de planes sociales para encubrir a sus financistas.
Los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas se mostraron de acuerdo con las conclusiones a las que había llegado el juez federal Alejo Ramos Padilla, y lo convocaron a "determinar las eventuales responsabilidades" de los que organizaron la campaña en cuestión.
Según Ramos Padilla, Cambiemos cometió "numerosas irregularidades vinculadas a los aportantes privados" que aparecieron en sus informes y luego se comprobaron como falsos. Aparecieron entre ellos beneficiarios de planes sociales, monotributistas y empleados estatales porteños que negaron haber puesto ese dinero en Cambiemos. Los distintos partidos de Cambiemos nunca explicaron ni corrigieron esas instancias.
Aún así, el PRO, la Coalición Cívica y el Partido Conservador Popular apelaron y pidieron revocar la decisión del juez. La Cámara Nacional Electoral, analizando el caso, terminó apoyando las conclusiones que había sacado Ramos Padilla.
Entre los "aportantes" que afirmaron que nunca habían puesto plata y los que no presentaron comprobante alguno de esa transacción, Ramos Padilla determinó que las irregularidades llegan a los 22.200.000 de pesos, alrededor de 1.300.000 dólares según el tipo de cambio de aquél momento.
