El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó los estados contables que presentó Cambiemos para explicar el origen de los fondos de la campaña de las PASO 2017. Ahora la Justicia exige que se investigue penalmente de dónde salió el dinero.

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla ordenó "extraer testimonios" de lo obrado en el  expediente que investiga los recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal. Según los peritajes, en la nueva presentación de documentos que ofrecieron los acusados se reemplazó o excluyó a unos 1.500 aportantes "sin brindar justificación alguna".

Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña.

La investigación surgió a partir de una nota periodística difunda en 2018 donde se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos, y que recibían planes sociales, figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante. Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO y habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña "no coincidía" con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.

Según los peritajes, en la nueva presentación de documentos que ofrecieron los acusados se reemplazó o excluyó a unos 1.500 aportantes "sin brindar justificación alguna".

A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, "los DNI no se correspondían".

También se detectó que 40 aportantes "podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos".

Paralelamente, se detectaron 209 personas "que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses" y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, la Justicia Electoral también tuvo en cuenta que "muchas de las personas declaradas en el informe" de Cambiemos "rechazan haber realizado el aporte informado".

Se detectaron 209 personas "que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses".

Por las repercusiones del caso Vidal reemplazó a la entonces secretaria de Legal y Técnica de su gobierno, María Fernanda Inza, quien como tesorera del PRO era la encargada de manejar las cuentas del partido durante la campaña de 2017

El resto de las observaciones -gastos operativos de campaña, pago a asesores y publicidad- no fueron subsanadas, por lo que los peritos concluyeron que "subsistían observaciones significativas en los informes finales de campaña, principalmente en lo relativo a los ingresos privados de personas físicas, en los que no se acreditó debidamente el origen de los fondos".