La Corte Suprema de la Nación dispuso que la justicia penal bonaerense prosiga el trámite de una denuncia por maltrato y abuso sexual contra tres hermanos menores de edad en un contexto de “violencia familiar”.
De esta manera, el máximo tribunal definió una cuestión de competencia por la que tanto el Juzgado de Garantías 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (al que se le ordenó proseguir el sumario) y otro Nacional en lo Criminal y Correccional con sede en esta capital, se negaron durante años a instruir el sumario penal.
Una historia aberrante
La causa se inició en 2017 por denuncia del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, con motivos de los presuntos abusos sexuales en los que habrían sido víctimas los hermanos cuando tenían 8, 10 y 12 años, respectivamente, por parte de un hombre que era pareja de su madre, a quien se le atribuyó haber consentido y hasta presenciado los hechos.
Según la causa, “los niños habrían sido golpeados y maltratados cuando pretendían revelar sus padecimientos” y “obligados por el imputado a tocarse sus partes íntimas, salir a la calle descalzos y sin abrigo durante la noche a modo de castigo, y presenciar actos sexuales mantenidos por la pareja”.
Los ataques comenzaron a trascender cuando a principios de 2017 uno de los niños concurrió a clase en un colegio del partido bonaerense de Avellaneda, donde cursaba estudios primarios, y las autoridades del establecimiento comprobaron lesiones que el alumno atribuyó al padrastro.
Entonces, una tía materna denunció el hecho para que se resguardara la integridad física y psicológica de sus sobrinos.
Profusión de decisiones jurisdiccionales
Al determinar la competencia del juzgado con sede en Lomas de Zamora, la Corte Suprema coincidió con el dictamen de Procurador General de Nación interino, Eduardo Casal, quien criticó el prolongado intercambio de jurisdicción del caso, ante la negativa de los juzgados a tramitar la denuncia.
“La profusión de decisiones jurisdiccionales de los tribunales intervinientes en torno al tema de la competencia actuó en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de administración de justicia”, consignó el dictamen.
Agregó que los abusos se habrían producido en “un contexto de violencia familiar de larga data y que si bien aún no se tiene información precisa sobre la época y el lugar de su presunta comisión, posiblemente habrían ocurrido a lo largo del tiempo y en distintas jurisdicciones, dado que la familia solía compartir una vivienda en la localidad bonaerense de Dock Sud hasta que en marzo de 2017 se mudó al barrio 1-11-14" de la Capital Federal.
El fallo unánime de la Corte fue firmado ayer en forma digital por su presidente Horacio Rosatti y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
