Un sector del Gobierno presiona al presidente Alberto Fernández para que indulte a la líder popular Milagro Sala, condenada a 13 años de prisión por la causa conocida como "Pibes Villeros". La directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, elevó un informe al Ministerio de Justicia en el que expone la "viabilidad" de la figura jurídica al tratarse de una cuestión federal.
En el texto, se remarca la "persecución política en Jujuy" y, en particular, sobre la líder de la Tupac Amaru. El objetivo del documento es dar información precisa sobre una conmutación de pena o indulto para la dirigente social, cuyas sentencia fue ratificada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia.
La directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia elevó un informe que indica que el indulto a Milagro Sala es posible.
Carpineti subrayó que "no caben dudas de que el ‘Caso Milagro Sala’ es cuestión federal", aun cuando los hechos imputados se "hayan tramitado en la justicia provincial, dado que las cuestiones que se impugnan constitucional y convencionalmente no son los hechos por los cuales se la juzga a ella, sino los cometidos por sus juzgadores y persecutores".
“La magnitud del castigo que ha sufrido Milagro Sala no puede medirse exclusivamente en términos cuantitativos (…) sino también en su intensidad; en la cantidad y calidad de bienes jurídicos distintos de la libertad que ha afectado; en las personas distintas del ámbito cercano y personal del imputado sobre las que ha recaído, violándose con ella la prohibición de trascendencia de la pena", se lee en otro pasaje.
Según Carpineti, reducir el monto de la pena implica un modo de enmendar la falla institucional. "Desde el Poder Ejecutivo, la herramienta de la conmutación de la pena abre un camino de posibilidad para restablecer el artículo 18 de la Constitución Nacional", señaló la funcionaria.
"El Congreso puede disponer, a pedido del Ejecutivo en determinadas situaciones, pero centralmente por iniciativa propia, la intervención de la provincia en los términos que señalan los párrafos anteriores", afirmó, y planteó que "el Poder Ejecutivo cuenta con distintas herramientas: desde las que emergen de la gestión y el necesario cabildeo que garantiza la gobernabilidad de un país, hasta las que se vinculan con una mecánica institucional de articulación entre los gobernadores y el Congreso, como la que más arriba se sugirió. Incluso las más directas y personales, como la aplicación del instituto del indulto o de la conmutación de penas".
Asimismo, la funcionaria admitió que hay reparos posibles a la medida, pero contrapuso que "cada titular del Ejecutivo puede indultar en el ámbito de su nivel de Estado". "Vemos entonces que el Código Penal de la Nación prevé el indulto en su artículo 68 y que lo hace para todo el país. Vemos que la Constitución de Jujuy legisla el indulto de un modo prácticamente inaplicable: su artículo 19 refiere a condenas a pena de muerte -pena prohibida en la Argentina-, y la reglamentación local, fue pensada por un gobierno militar, para delitos militares", indicó y trasladó así la presión al Presidente, que días atrás argumentó que la Constitución no le permite indultar a Sala.
