Cristina Kirchner pidió recusar al juez Julián Ercolini en una causa que investiga a Alberto Abad y Leandro Cuccioli, exejecutivos de AFIP durante el gobierno anterior, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Según la vicepresidenta, los extitulares del ente recaudador diagramaron “múltiples acciones ilegales para perseguir y hostigar a la familia Kirchner”, pero no pueden ser investigados por Ercolini que, después de su viaje a Lago Escondido, demostró su “falta de independencia, imparcialidad e integridad”.
“En el marco de estas actuaciones se investigan una serie de operaciones delictivas ejecutadas desde las más altas esferas de la Administración Federal de Ingresos Públicos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 en contra de la familia Kirchner. Tales maniobras se desarrollaron en connivencia con otros órganos del Poder Ejecutivo Nacional y miembros del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, difundió la presidenta del Senado por Twitter.
Cristina Kirchner, además, afirmó que “la recusación a Ercolini se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín Telecom”.
Su abogado, Carlos Beraldi, justificó su pedido de apartamiento de Ercolini en la revelación del viaje a Lago Escondido, que el juez federal compartió con otros funcionarios judiciales, funcionarios y empresarios de medios. La existencia de posibles delitos en ese viaje costeado por la empresa Patagonia Energía está siendo investigada por el juzgado federal de Bariloche.
Ercolini cuestionado en la justicia y la academia
El Gobierno ya había denunciado a Ercoloni y el resto de los jueces, fiscales y empresarios mencionados en los chats del viaje al sur. Lo hizo el ministro de Justicia, Martín Soria, por pedido de Alberto Fernández, quien aseguró que de comprobarse la veracidad de los hechos, “estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas”, que “no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
La recepción de dádivas es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito
El juez, además, fue cuestionado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde más de 14 mil personas ya firmaron la solicitud de juicio académico, presentada por la abogada Marisa Herrera, para removerlo de sus cargos como profesor de Derecho Penal y director de la carrera de Administración de Justicia.
“¿Qué administración de justicia uno puede pretender en términos de diseño de políticas judiciales profundas cuando quien lo dirige tiene el comportamiento que tiene? Parece irrisorio en algún punto, habiendo un montón de jueces y magistrados que tienen una formación para estar a cargo de un posgrado como ese”, expresó Herrera.
