La vicepresidenta Cristina Kirchner fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la agrupación Revolución Federal. La decisión fue tomada por el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
El pedido había sido realizado ayer en la noche de ayer por los abogados de la vice, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. El expediente presentado cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre tuits de dos miembros de Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, Máximo Kirchner y Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos.
Buscan la conexión entre Revolución Federal y el atentado contra Cristina, y según información aportada por la AFI, desde esa agrupación instigaron a matarla solo pocos días antes.
En la información presentada hay audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de este año por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space, la cual fue convocada bajo el título "¿hay que pudrirla?". En uno de esos audios se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia".
"Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje…", decía allí uno de los miembros de Revolución Federal. Menos de una semana después ocurrió el atentado contra la vicepresidenta.
Esto se da en el marco de la información que trascendió en los últimos días, sobre el envío de 8.700.000 pesos al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, por parte de la firma "Caputo Hermanos", ligada a la familia del exministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo.
Según el propio Morel, esas operaciones existieron por trabajos de carpintería, aunque Ubeira dijo que el lugar antes era un centro de jubilados al que asistía Macri. La defensa de Cristina busca una vinculación entre esta causa y la que investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Hasta ahora, ni ella ni el fiscal Carlos Rívolo pudieron comprobar la conexión.
