El Gobierno Nacional puntualizó los criterios que usará para retirar los subsidios al consumo de gas y electricidad a los usuarios residenciales con mayor capacidad de pago.
La próxima semana- del 10 al 12 de mayo- se celebrarán las audiencias públicas en que se debatirá la segmentación, con base en un informe técnico elaborado por la Secretaría de Energía.
En las dos primeras audiencias se tratarán los precios del gas natural a nivel nacional y de la energía eléctrica para el Área Metropolitana de Buenos Aires (donde operan Edenor y Edesur). En la tercera, como novedad, se presentarán esquemas de segmentación de los incrementos tarifarios para los dos servicios.
El objetivo del Ejecutivo es establecer una gradualidad social, según la cual se reducirá en su totalidad los subsidios para los usuarios con mayores ingreso; habrá un un segmento medio que recibirá una reducción parcial de la asistencia económica estatal y, para los sectores de menores ingresos, se mantendrán.
En el caso del gas, el ajuste promedio para la mayoría de los usuarios del país se ubicará en 21,5% (con variaciones según las regiones). Mientras que para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excepto beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían un aumento promedio de 17%.
Como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se determinó un esquema de aumentos escalonado: para la mayor parte de los usuarios, el incremento total en la factura para cada ejercicio será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior. La variación salarial de 2021 fue de 53,4%, por eso, para este año la actualización de las tarifas debería ser de 42,7%. A este porcentaje hay que restar la actualización tarifaria de marzo último. Para los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será igual al equivalente al 40% del CVS del año anterior, un 20,5%. Para los usuarios de la red de Edenor y Edesur que están en esa condición el ajuste no superará el 6%. En el caso del gas, no tendrán aumentos. Por otro lado, el 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo -se incluirán de acuerdo a criterios de ubicación geográfica y de ingresos- tendrán tarifa plena, sin subsidios.
Se estima que estarían afectados por un menor nivel de subsidios 921.778 clientes titulares de energía eléctrica, y 760.600 de gas residencial.
En el segmento de menor nivel de subsidios se define por alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el ENRE o estar en el registro de urbanizaciones cerradas.
El estudio también contempla a los titulares de programas sociales, los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y de certificado de discapacidad.
En este segmento, los criterios de exclusión contemplados son ser propietario de dos o más inmuebles, ser propietario de un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) y tener más de un suministro bajo su titularidad.
