La Cámara Federal porteña anuló hoy la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti que le permitía a Cristina Kirchner ser querellante en la causa que investiga el ataque al Congreso provocado el pasado 10 de marzo mientras la Cámara de Diputados discutía el acuerdo con el FMI.
De acuerdo con el fallo, los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun sostuvieron que la jueza, que investiga los delitos de "intimidación pública" y "daño agravado", no fundamentó si habia otorgado el rol de querellante al Senado como cuerpo legislativo, a la Presidencia del Senado o a la vicepresidenta a título personal.
los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun sostuvieron que la jueza no fundamentó si habia otorgado el rol de querellante al Senado como cuerpo legislativo, a la Presidencia del Senado o a la vicepresidenta a título personal
El 10 de marzo se produjo un violento ataque al Congreso mientras se deliberaba en Diputados el acuerdo con el Fondo. Los destrozos más importantes se produjeron en el despacho de la vicepresidenta que se encontraba ahí en el momento del agravio junto con el senador Oscar Parilli, la senadora Anabel Fernández y el diputado Máximo Kirchner.
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El 21 de marzo la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado Graciana Peñafort se presentó ante el despacho de Capuchetti para pedir que Cristina Kirchner sea aceptada como querellante en la causa. La jueza lo aceptó pero la defensa de los detenidos objetó la decisión y apeló a la Cámara Federal.
La jueza María Eugenia Capuchetti aceptó a Cristina Kirchner como querellante pero la defensa de los detenidos objetó la decisión y apeló a la Cámara Federal
Los destrozos en el Congreso fueron calculados por la Dirección de Mantenimiento del Senado y valuados en 6.2 millones de pesos ya que se deben colocar y reponer vidrios, intervenir en textiles y hacer trabajos de revistimiento de madera. Dado que se trata de un edificio histórico, hay arreglos que deben hacerse de manera artesanal. Además, hubo innumerables daños de higiene urbana en la vía pública que el Gobierno de la Ciudad valua en 20 millones de pesos.
