Una causa judicial de supuesto espionaje ilegal en el ministerio de Seguridad provincial está generando un fuerte revuelo político en Santa Fe. A través de los medios trascendió un listado de 661 nombres de personas y empresas que habrían sido consultadas en bases de datos que manejan información pública cuando Marcelo Saín estaba al frente del ministerio.

En noviembre pasado, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez irrumpieron en las oficinas del ministerio en Santa Fe y Rosario. Secuestraron documentación en papel y en formato digital e incautaron los teléfonos celulares de funcionarios del equipo que había llegado a esa cartera con Marcelo Saín. El día anterior Saín y sus subordinados habían presentado la renuncia.

La causa

La causa, que se encuentra bajo secreto, se habría originado por una denuncia de exempleados del Organismo de Investigaciones, donde se desempañó Saín antes y después de ser ministro. Habrían detectado búsquedas en portales de bases de datos públicas. No se trataría ni de escuchas ilegales ni tareas de inteligencia en la calle. Tampoco de “carpetas”, como se sospechó en un principio, sino de la construcción de perfiles de personas y empresarios.

Saín negó que se hubiesen llevado adelante tareas de inteligencia ilegal cuando él estuvo al frente del ministerio y acusó a los sectores “mafiosos de la política santafesina” de haber iniciado una maniobra en su contra en conjunto con algunos medios de comunicación.

En la lista de supuestos espiados figuran dirigentes empresarios y nombres vinculados a la salud privada.

Desde que asumió como ministro de Seguridad, en diciembre de 2019, Saín estuvo en el centro de la atención política de Santa Fe, tanto por los escándalos en los que se enredaba por su participación en las redes sociales, como por las investigaciones que se llevaron adelante en la Justicia; entre ellas, la de juego clandestino que involucró al senador peronista Armando Traferri y terminó con la detención de dos fiscales. Uno de esos funcionarios detenidos fue el jefe del MPA en Rosario, Patricio Serjal, para quien la semana pasada los investigadores judiciales pidieron doce de años de prisión por haber cobrado 5.000 dólares por mes del capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti.

Saín renunció al Ministerio de Seguridad el 17 de marzo pasado y retornó el cargo de director del Organismo de Investigaciones, una especie de policía judicial que depende del Ministerio Público de la Acusación. Pero fue destituido el 4 de noviembre pasado por la Legislatura provincial acusado de realizar “proselitismo político” a través de la red social Twitter.

Saín apeló esa medida, pero luego estalló el escándalo del supuesto espionaje. El gobierno de Omar Perotti se mantuvo en silencio después de que detonara la polémica. Esta postura se interpretó como que le había soltado la mano a Saín, que fue designado asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.

“Los fiscales tienen que hablar en las audiencias imputativas y dentro del marco del expediente judicial, pero evidentemente chivean a la prensa. Preparan el terreno en materia de opinión pública. Eso es lo que técnicamente se llama lawfare”, dijo Saín a La Nación.

Los supuestos espiados

Esta semana trascendió en los medios de comunicación de Rosario un listado de 661 personas y empresas que habrían sido consultadas en servicios online de búsqueda de datos abiertos. En la nómina figuran empresas de distintos rubros, como de la salud, construcción y agroindustriales. Aparece la firma china Cofco, que posee una de las terminales portuarias más importantes del mundo en la localidad de Timbúes, en Santa Fe.

Entre los nombres aparecen también dirigentes políticos de distintos sectores, entre ellos, el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, para quien Saín trabajó como asesor durante parte de su gestión.

Los fiscales chivean a la prensa, preparan el terreno en materia de opinión pública: eso es lo que técnicamente se llama lawfare. (Saín)

Ante la difusión de los nombres de distintas empresas que figuran en ese listado, la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) expresó su “repudio y solidaridad”. En la lista, difundida por el portal Punto Biz, figuran dirigentes empresarios como Mariano Ferrazini, de la Unión Industrial Regional Rosario (Unirr); Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosaria (AER), y el expresidente de la Cámara de Fabricantes de la Maquinara Agrícola (Cafma) Carlos Castellani, entre otros.

También aparecen nombres vinculados a la salud privada, como Roberto Villavicencio, del Grupo Oroño, y varios integrantes de la familia Quaranta, del sanatorio de la Mujer. Otro de los mencionados es el médico Eduardo Javkin, vicepresidente del Sanatorio de Niños –también del Grupo Oroño– y padre del intendente de Rosario, Pablo Javkin. Según fuentes de la oposición, este capítulo de la salud estaría vinculado a las tensiones que existieron en ese sector cuando el grupo Tita, que sería cercano al gobernador Perotti, pretendió expandir su negocio.