Tanto los intendentes peronistas como las organizaciones sociales cercanas al gobierno nacional se negaron a aplicar la política de congelamiento de precios que impone el gobierno. La decisión responde a las necesidades políticas de ambos actores, que precisan mantener una buena relación con sus vecinos. Además, consideraron piantavotos e irracional castigar a los comercios de cercanía por precios que ellos no manejan.
Por parte de los movimientos sociales, se produjo una asamblea general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa al Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y otras organizaciones para discutir la medida. Si bien todos mostraron acuerdo en la necesidad de frenar la inflación con medidas como la que tomó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la mayoría de las organizaciones se opusieron a imponer el congelamiento de precios.
Los argumento fueron variados. El rol antipático que deberían cumplir los militantes que se dedicasen a esa tarea y los momentos de tensión que se producirían generaron negativas por parte de diversos dirigentes. Además, se planteó que los almacenes y negocios de cercanía no son formadores de precios, por lo que sería injusto castigarlos por adecuarse a los costos.
Situaciones similares se dieron en las discusiones entre los intendentes del conurbano bonaerense. Según informó Infobae, la mayoría de ellos se resisten a poner sobre sus hombros el congelamiento de precios. Analizaron la posibilidad de que aplicar de forma indiscriminada la medida puede generar cierres de negocios y una perdida de votos aún mayor para el peronismo.
