La Oficina Anticorrupción (OA) oficializó en la Resolución 15/2021 del Boletín Oficial la creación de un sistema de monitoreo de la actividad en el sector privado, tanto previa como posterior, de quienes asuman como funcionarios públicos.
La intención de este Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas Anteriores y Posteriores al Ejercicio de la Función Pública, es "monitorear la circulación en la ocupación de altos cargos en el sector público desde y hacia el sector privado que pudieran acarrear situaciones de conflicto de intereses u otros riesgos de incumplimiento de dichas normas".
De esta manera podrían registrarse antecedentes, vínculos e intereses privados de quienes ingresan y egresan de altos cargos dentro del Estado, como fue el caso la investigación del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, en la causa por supuestos beneficios otorgados a la empresa Shell durante su gestión.
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Se tendrán en cuenta los 3 años anteriores a la asunción del cargo y cuando el funcionario deje la administración pública, se realizará un seguimiento hasta un año luego del cese de sus funciones "para el cotejo y verificación del cumplimiento de las normas pre y post empleo público, con mecanismos de control ciudadano y transparencia activa".
La creación de este sistema de seguimiento será llevada a cabo por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, organismo a cargo de la OA, que deberá realizar una "articulación con los diferentes actores públicos y privados necesarios" para que esta estructura funcione adecuadamente.
La normativa considera como marco el hecho de que "el ingreso y egreso a altos cargos públicos desde y hacia el sector privado" -fenómeno conocido como "puerta giratoria"- implica riesgos que pueden perjudicar el interés público "en beneficio de intereses privados específicos mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio".
