Paola Córdoba mató a Alberto Naiaretti de 185 puñaladas luego de siete denuncias infructuosas y 22 años de violencia doméstica. El juez Alberto Brizuela determinó que ella se encontraba “en un estado de necesidad exculpante” y que su hija actuó “en legítima defensa de terceros”.

El hecho tuvo lugar el 9 de marzo de 2019 en José C. Paz. Córdoba había denunciado a Naiaretti numerosas veces —se conservan pruebas de siete episodios desde 2010 hasta 2018—por abusos, entre ellas la violencia física reiterada, el tormento psicológico constante y la explotación sexual: la hacía prostituirse en la ruta 8.

La decisión del juez

El juez Brizuela consideró que Córdoba se hallaba en “un estado de necesidad exculpante ante la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, pues su conducta ha tenido origen en una amenaza para su vida y la de sus hijos en un contexto de violencia doméstica y de género”.

“Si bien la imputada comprendió la antijuridicidad de su conducta”, argumentó el juez, “no pudo adecuar su comportamiento a esa comprensión”. “La razón de ser de la no punibilidad es simplemente la situación de libertad reducida que vivió Córdoba”, explicó Brizuela.

El sobreseimiento de la hija

La hija de Córdoba, Milagros, había quedado imputada también ya que ingresó al dormitorio donde su madre atacaba a Naiaretti, vio cómo él recuperaba el control y lo punzó dos veces. El juez la sobreseyó porque consideró que había actuado en “legítima defensa de terceros”.

El proceso había tenido muchas idas y vueltas. En primera instancia, Brizuela había permitido la excarcelación extraordinaria de Córdoba y su hija. Sin embargo, la fiscal Silvia Bazzani González se había opuesto. La Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó la libertad y el ministerio público solicitó un juicio oral y público por homicidio calificado por el vínculo y con ensañamiento.

El fallo subraya la perspectiva de género con que se consideró el caso y fue celebrado por los abogados defensores: “Hoy es un día trascendente en la justicia argentina. Hoy empezó a reivindicarse el estado, la justicia, con una resolución ejemplar del doctor Brizuela, un juez de garantías que vio y escuchó a estas víctimas de violencia doméstica a las que el estado les había dado la espalda”.

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