El fallo de la Corte al respecto del conflicto por las clases presenciales saldría esta semana. Este zanjaría la discusión acerca de la educación presencial y las facultades excepcionales que adquiere el estado nacional frente a las soberanías provinciales durante una pandemia.
La Corte Suprema se expedirá sobre la presentación que realizó Horacio Rodríguez Larreta cuando el presidente firmó el decreto que suspendía la educación presencial ante la situación de crisis sanitaria. Si bien este ya se venció, el fallo fijará criterios a futuro a los gobiernos de la Nación y la Ciudad sobre los poderes que adquieren en situaciones de crisis.
Las raíces del conflicto
El 16 de abril, el gobierno nacional sacó el decreto 241. Con este se adoptaban varias restricciones a la circulación de personas en el AMBA, entre las cuales estaba la suspensión de las clases presenciales.
Este decreto nunca fue acatado por el gobierno porteño. Rodríguez Larreta mantuvo la presencialidad, incluso frente a paros de los sindicatos y la muerte de cinco docentes.
La discusión entre los gobiernos de Larreta y Fernández ronda alrededor de cuántos contagios generan las clases presenciales. Mientras todos parecen acordar con respecto al bajo riesgo que hay en las aulas, desde el gobierno nacional consideran peligroso que la comunidad educativa se sume al transporte público.
Desde el gobierno porteño argumentan que el gobierno nacional no tenía suficientes datos para imponer esta medida. Además, plantean que el presidente tomó la medida sin consensuar con Rodríguez Larreta, violando la autonomía de CABA.
El gobierno nacional, en respuesta, le pidió a la Corte Suprema que ratificase la constitucionalidad del decreto. Carlos Zanini, procurador del Tesoro de la Nación, explicó que el DNU era necesario “para afrontar una situación epidemiológica sin precedentes a fin de evitar un aumento desmedido de casos que lleve a un colapso sanitario y consecuencia aumento de la morbilidad”.
Los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Roseti ya presentaron un escrito donde dan su voto a favor de la posición de Rodríguez Larreta, reafirmando la autonomía de la Capital Federal. Esto pone la votación en 2 a 0, y el gobierno nacional necesitaría conseguir los votos de los tres jueces restantes para que sea su posición la que se sostenga en la Corte Suprema. Además, es muy improbable que Carlos Rosenkratz, el presidente de la Corte Suprema, vote distinto a Maqueda y Roseti.
