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Política

El ministerio de Capital Humano y la Anses solicitaron ser querellantes en la causa de los seguros

Capital Humano Anses Seguros

En una presentación común frente al juez Julián Ercolini, el ministerio de Capital Humano y la Anses solicitaron ser querellantes en la causa que investiga los intermediarios de seguros durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Ambos organismos, que a su vez son denunciantes, brindaron testigos y pidieron que “se perite la firma de Federico Alejandro D’Angelo Campos que surge de la nota cuya fotografía fue acompañada en el expediente oportunamente”. No solo esto, sino que reclamaron ante el Juzgado que se lleve a cabo una prueba pericial contable para evaluar el perjuicio económico del Estado por la maniobra de los brokers de NACIÓN SEGUROS S.A.

Según señala la denuncia, la Anses contrató directamente cobertura con Nación Seguros y con posterioridad "se introdujo injustificadamente la designación de intermediarios, que generó el pago de comisiones en perjuicio del erario público”.

En este sentido, se añade que por orden del exdirector general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, "se ordenó designar a San Ignacio Sociedad de productores asesores de seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A, en carácter de asesor para la intervención en los contratos mencionados”.

La presentación agrega que D’Angelo Campos fue denunciado por Anses por otros hechos vinculados con negociaciones incompatibles con la función pública y también por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa”.

Algunos días atrás, el Gobierno demandó a las autoridades de Anses de la gestión anterior por el escándalo de las irregularidades en seguros, en una causa que involucra al expresidente. La presentación la hizo el ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello y engloba los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".

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