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Política

Cúneo Libarona contó que encaran la reforma del Código Penal

cúneo libarona

Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, adelantó que el Gobierno cambiará el Código Procesal Penal Federal (CPPF) y dio una conferencia de prensa en la que detalló que buscan "una transformación absoluta de la Justicia".

Desde el oficialismo buscan implementar el juicio por jurados y la reforma del Código Penal, comentó Libarona, desde el primer Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, donde presentó la reforma. "Queremos que en el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. Nicolás Posse me habla de 'mano justa'", sostuvo el ministro.

Sobre la modificación del Código Penal, Libarona dijo que se trata de un "momento histórico en la Argentina" y contó que buscan acelerar los procesos judiciales. Desde la modificación implementada con el Código Procesal Penal Federal, quieren que el ordenamiento procesal federal, que hasta ahora sólo funcionaba en Salta y Jujuy, pase a funcionar en todo el país. Hasta ahora la decisión del proceso judicial recaía primero sobre el juez y, con la reforma, pasará a estar en manos del Ministerio Público Fiscal.

"Si sos víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación", explicó el ministro.

El sistema adversarial acusatorio, entonces, tiene "un fiscal que investiga, la defensa que defiende y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles indelegables jurisdiccionales". Y agregó que esto contribuiría en que los procesos judiciales se adelanten: "es el sistema idóneo, eficaz, de oralidad, transparencia, publicidad, con participación de partes, sin tanto papeleo y tiempo, es mucho más rápido".

Primero se enfocarán en la ciudad de Rosario para implementarlo, "con celeridad debido a la situación de emergencia, crisis, clamor popular, llamado de los propios jueces, para actuar" y que luego le seguirían las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.