El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que le pidió que no se reconociera el 10 de enero como fecha para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la estatización de la petrolera YPF concretada en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
“Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, manifestó el Gobierno en el escrito sobre el juicio por YPF.
Según trascendió, la jueza de Nueva York escuchará al querellante mañana y por la tarde tomará una decisión: deberá ratificar la orden que fija el 10 de enero como fecha, o bien aplazar las solicitudes de embargo, considerando la solicitud que hizo el estudio de abogados que representa al país -Sullivan & Cromwell- . En este sentido, el Gobierno busca posponerlo hasta que “los demandantes hayan identificado activos para embargar”.
La Argentina había sido condenada a pagar una compensación de 16.000 millones de dólares a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park por la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012. A pesar de que Argentina apeló la sentencia condenatoria en primera instancia ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, el proceso legal continúa, y la jueza Preska solicitó garantías al país para evitar la autorización de embargos contra activos argentinos en el extranjero.
"Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos", sostiene el texto que busca frenar el plazo presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió Télam.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había reconocido en enero que “la Argentina está en una situación muy complicada” respecto del juicio por la expropiación de YPF, aunque remarcó que el Gobierno “está decidido a respetar todos los contratos y todos los fallos judiciales de cualquier índole”.
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