El Gobierno nacional solicitó una audiencia con la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para apelar el fallo por la expropiación de YPF y evitar el pago de un depósito de garantía por 16.000 millones de dólares. Argentina presentó el reclamo a días del 16 de octubre, día del posible inicio de los embargos solicitados por Burford Capital.
“La República Argentina por la presente apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, como así como todas las órdenes y fallos interlocutorios anteriores a esa sentencia”, se puede leer en el escrito de tres páginas, que fue compartido en X por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el caso.
En el texto, la defensa a cargo del estudio Sullivan & Cromwell pidió acceder a una instancia para “suspender la ejecución de la sentencia sin fianza pendiente de apelación”. Los abogados que representan al Estado argentino argumentaron: “La garantía que nos piden depositar para evitar embargos equivale al 20% del presupuesto y la Ley Argentina impide realizar desembolsos que no hayan sido presupuestados para el corriente año fiscal”.
A su vez, argumentaron: “El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía y abonar la garantía causaría daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”. También, advirtieron que la sentencia representa “más de 14 veces el presupuesto anual para agua potable y más de 9 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud”.
Burford Capital, que fue el fondo que compró los derechos del juicio a los accionistas minoritarios Grupo Petersen y Eton Park, le pidió a la jueza Preska que inicie el embargo 30 días posterior al fallo del 15 de septiembre, en el que ella determinó la indemnización que deberá pagar el Estado por incumplir los estatutos de YPF al tomar el control de la empresa en 2012.
Para evitar la retención de bienes en el exterior, Argentina debería abonar el total de 16.000 millones de dólares, pero el Gobierno busca suspenderlo en una comunicación entre las partes que ahora debería convocar la jueza. “En la conferencia, ambas partes van a exponer argumentos a favor y en contra del bono de garantía y Preska va a definir si Argentina paga el bono de garantía o si está exento”, explicó Maril.
