Este miércoles el Juzgado Federal de Formosa estableció que un cazador deberá pagar una caución de $3.770.000 por cazar a un yaguareté. Además, no podrá salir del país y tiene prohibidos el uso y la tenencia de armas hasta que se resuelva su situación procesal. La causa tiene como querellantes a la Administración de Parques Nacionales (APN), la provincia de Formosa y Red Yaguareté.
La causa contra el cazador, identificado como Carlos Miguel Javier Chagra, comenzó con una denuncia formulada el pasado 29 de diciembre en Formosa a raíz de un video capturado 10 días antes en el que se lo ve cazando al yaguareté. La caza de estos animales y de toda la fauna nativa está prohibida tanto a nivel nacional como provincial, y es considerada más dañina aún si se trata de mamíferos grandes y medianos en peligro de extinción.
En este marco, el equipo de conservación de la APN calculó el daño ambiental causado por el asesinato del animal contemplando “diversos aspectos y variables ambientales y económicas” y arribando, según el comunicado oficial, a la suma de “algo más de 370 millones de pesos”. Finalmente, este miércoles el Juzgado Federal de Formosa impuso a Chagra el pago de una caución de $3.770.000.
“Este tipo de sentencias resultan ejemplificadoras y cruciales para frenar la cacería de ejemplares de la especie, que por lo general quedan impunes y sin consecuencias para los cazadores”, observaron en el comunicado y calificaron al proceso judicial como “histórico”.
Asimismo, destacaron que “el yaguareté, además de ser una especie emblemática del norte de Argentina, fue declarado Monumento Natural a nivel nacional y provincial, y está considerado en Peligro Crítico de Extinción en el país” precisamente por culpa de los cazadores que los matan. La caza de estos animales es considerada un delito por el artículo 25 de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.
De esta manera, la Administración de Parques Nacionales asumió el compromiso de “revertir la situación desfavorable” de la especie en nuestro país, participando activamente “en denuncias por caza ilegal y en otras acciones conjuntas con todos los actores interesados” en su conservación.
