Un nuevo fallo en contra de un tribunal extranjero recibió hoy la Argentina: en Gran Bretaña, el juez Simon Picken del Tribunal Superior de Londres, encontró culpable al país en el caso conocido como “cupón PBI”, según el cual el Estado argentino habría modificado la manera de calcular el Producto Interno Bruto (PBI) para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005, como canje de los títulos en default en 2001.
“El juez también dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros (1.452 millones de dólares) en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%”, dijo Reuters.
Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros (1.452 millones de dólares) en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI
El tribunal le dio la razón a cuatro fondos demandantes: Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, a quienes Argentina debería pagar 643 millones de euros (US$704 millones) como indemnización por daños, según informó la agencia Reuters.
La demanda contra el país se basó en el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), que se habría modificado para obtener los fondos de un cupón atado que se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda. Este instrumento financiero se les paga a los bonistas cuando la Argentina crecía más de 3% en el año.
El fallo declaró ilegal el cambio en la base del cálculo del PBI que decretó Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y entonces ministro de Economía, lo que en la práctica redujo la cifra de crecimiento ese año, con lo que anuló el pago de cupones lanzados en 2005.
Cuando se emitieron estas herramientas financieras, el INDEC tomaba 1993 como año base para el cálculo, pero lo modificó a 2004 en 2013, luego de que se interviniera ese organismo de la mano de Guillermo Moreno.
El fallo se suma a otro decretado la semana pasada en Nueva York por la expropiación de YPF, según el cual Argentina debería pagar entre 8.500 y 19.8000 millones de dólares. En la ciudad norteamericana, además, hay otra demanda- idéntica a la de Londres- presentada por el fondo Aurelius, por otros $415 millones de dólares, ante la jueza Loretta Preska, la misma que falló en contra de YPF.
