Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández de declarar la nulidad de los contratos firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, en 2018, que dolarizaban los peajes de los accesos norte y oeste, el periodista Alejandro Bercovich explicó los alcances de este conflicto para el Estado argentino y los usuarios.
“Si rigiera al pie de la letra, ese acuerdo de 2018 por el cual que Dietrich le extendió a los exsocios de Macri la licitación de la Panamericana hasta 2030, hoy el peaje costaría 1800 mangos”, aseguró Bercovich, quien fue el primero en investigar este caso de corrupción en 2018.
Si rigiera al pie de la letra, ese acuerdo de 2018 por el cual que Dietrich le extendió a los exsocios de Macri la licitación de la Panamericana hasta 2030, hoy el peaje costaría 1800 mangos
“El Gobierno va a la justicia para exigir la nulidad de contratos que están viciados y la empresa va a reclamar ante los tribunales internacionales”, que a juicio del periodista, "no deberían tener competencia sobre asuntos soberanos del país (Brasil no lo permite, por ejemplo)".
Bercovich explicó que el ministerio de Obras Públicas hizo una auditoría para determinar que el acta firmada en 2018 era ilegal y que en eso tardó mucho. En medio, “hubo gente muy allegada a las empresas beneficiadas, como Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que activaron su lobby diplomático en las embajadas por el temor a este tipo de juicios”.
Según explicó ayer el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, las concesionarias firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que "comprometían" al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi 2 mil millones de dólares.
Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por las empresas AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.
En este sentido, Bercovich reflexionó que el alegatos de las empresas, finalmente, “es contra nosotros porque no tenemos chance de pagar lo que quieren cobrar por los peajes”.
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