La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que obliga al Estado Nacional a pagar a los dueños privados de la imprenta Ciccone, que fabrica papel moneda, una indemnización por su expropiación cercana a los 1000 millones de pesos, al confirmar la inconstitucionalidad de la ley que pretendía cubrir el pago de esa suma con la deuda fiscal que tenía la empresa.

Los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, emitieron un fallo unánime de rechazo a los planteos presentados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Estado nacional para no resarcir a la familia Ciccone con el pago de $ 275 millones a cambio de estatizar la empresa.

La estatización y el fallo de la Corte

El Congreso aprobó en 2013 una ley que declaraba de utilidad pública la empresa, contemplaba la expropiación y el dinero que debía pagar el Estado a la familia Ciccone se iba a cubrir con la deuda que la compañía tuviera con la AFIP.

Para concretar esa operación la entonces presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino firmaron un decreto que designaba a la AFI como expropiante y se disponía que con la deuda de la AFIP se compense a la empresa.

Se le dio a la Casa de la Moneda el uso de la imprenta de billetes y valores hasta terminar el proceso expropiatorio. Allí la AFIP y el Ministerio de Economía acordaron en un convenio que la indemnización por la expropiación sería de 275.724.618 de pesos, que compensaba la deuda fiscal de la empresa.

Los jueces comerciales intimaron al Estado a depositar los 275 millones de pesos más una tasa anual del 6 por ciento de intereses a contar desde el 12 de marzo de 2013 y hasta que se haga efectivo pago en dinero.