Desde ATE aseguraron estar en "alerta máxima" y llamaron a impedir un escenario de "cesantías masivas". El gobierno ya confirmaron 15 mil despidos y la revisión de 70 mil contratos que finalizan.
Durante todo el día las noticias de despidos en diferentes ministerios y departamentos estatales se hicieron efectivos. Según confirmó el gobierno, 15 mil personas se quedarán sin trabajo y se revisarán unos 70 mil contratos que están finalizando. En su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni informó que se renovarían vínculos laborales por 6 meses.
"El 31 de marzo vencen más de 70 mil vínculos contractuales en la Administración Pública Nacional: 65 de los denominados planta transitoria-Artículo 9 y otros 6 mil de Asistencia Técnica y Profesional", detalló el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-NACIONAL).
En este contexto, Rodolfo Aguiar explicó que el sindicato debe definir cómo serán las medidas de fuerza que adoptarán en respuesta a esta contundente decisión que tomó el Gobierno, pero anticipó que el próximo 3 de abril podrían llevar a cabo una jornada en la que los trabajadores ingresen de manera masiva y simultánea a los edificios, frente a la posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad esté bloqueando el ingreso a los ministerios y las dependencias. "No descartamos un escenario como ocurrió no hace mucho en la Argentina en la época de Macri, en donde se enfrentó a un proceso de cesantías similares", comparó el dirigente.
El sindicalista advirtió que la mayoría de los trabajadores estatales son víctimas de "fraude laboral" por estar contratados en condiciones precarias y cumpliendo las mismas tareas y el mismo horario que los empleados de planta permanente.
"Tenemos que impedir cualquier posibilidad de tener un escenario de cesantías masivas -observó Aguiar-, sobre todo porque un despido se convierte en una tragedia personal para el despedido y su familia, que quedan en la calle". Aunque por la cantidad de personas, el dirigente analizó que lo que está sucediendo es una "tragedia social". Según calculan desde ATE, un recorte de entre un 20 o un 30 %, como prevee el Gobierno tendrá un "impacto altamente negativo" porque podrían desaparecer numerosas estaciones y servicios que utiliza el Estado.
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