Áxel Kicillof instruyó a su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, para que presente un pedido de información pública al Ejecutivo Nacional sobre el memorándum firmado con Estados Unidos que habilita a militares de ese país a instalarse en la Hidrovía del Paraná y realizar diferentes tareas en uno de los cuerpos de agua dulce más importantes del mundo.
“Por instrucción de Kicillof presentamos a la AGP un pedido de acceso a la información en referencia al MoU que se firmó entre dicho organismo y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU., ya que no se tramitó de acuerdo a los pasos formales que corresponden”, escribió Carlos Bianco en sus redes sociales, adjuntando el documento en el que consta el pedido.
El funcionario fundamentó la idoneidad de Buenos Aires para demandar esa información diciendo que, “como provincia que integra el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, estamos preocupados por el contenido de dicho MoU, ya que podría afectar tanto los intereses de nuestra provincia como el respeto a nuestra Soberanía Nacional”.
En concreto, el pedido presentado por la gestión de Kicillof al Gobierno Nacional solicita que se le remita la información sobre una serie de puntos, a saber: una copia de “todos los antecedentes administrativos, documentación y/o actuaciones administrativas que hubieran dado origen al Memorandum”; una copia de dicho Memorandum; una copia de “todo acuerdo o compromiso asumido entre ambas instituciones que fueran el resultado o la consecuencia de la suscripción” de ese pacto y, por último, “información detallada sobre los/as funcionarios/as que han participado de la negociación y de la suscripción” del acuerdo.
En el pedido, además, se detalla que el Gobierno de Milei debe enviar los datos solicitados “en el plazo establecido en el artículo 11 de la Ley 27.275” de Acceso a la Información pública, que establece que toda solicitud “debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles” que podrán extenderse por otros 15 días “de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada”.
A modo de puesta en contexto, cabe recordar que el pasado 7 de marzo la Autoridad General de Puertos (AGP) anunció que firmaba un Memorándum de Entendimiento con el embajador de Estados Unidos y otras autoridades de ese país que habilitaba al Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano a operar en la Hidrovía del Paraná para el “intercambio de información y la concreción de nuevas capacitaciones”.
Entre otras cosas, resultó llamativo que una medida de ese tipo no pasara por el Congreso Nacional y que de la reunión en la que se firmó tal acuerdo no hubiesen participado funcionarios de Cancillería ni representantes de las Fuerzas Armadas, toda vez que Prefectura y Gendarmería son las responsables por la seguridad en las aguas del río Paraná y por la custodia de la frontera, respectivamente.
El intento de Estados Unidos por avanzar sobre el Paraná, que se relaciona con una disputa contra China por el control sobre la región, ya había tenido avances cuando Paraguay permitió la presencia de sus militares en sus territorios. En ese entonces, las provincias del Norte Grande se opusieron por ser una medida que no había pasado por ninguno de los dos Congresos y que amenazaba a la soberanía.
