El grupo de sacerdotes de Villas y Barrios Populares, y Hogar de Cristo de la Argentina rechazó la medida del Gobierno de recortar el Fondo de Inversión Social Urbano (FISU) que se utilizaba principalmente para urbanizar barrios populares. Lo hicieron mediante un comunicado firmado por más de 50 curas llamado "No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares".
Javier Milei, Nicolás Posse y Luis Caputo firmaron el Decreto 193/2024 que se publicó en el Boletín Oficial. El mismo establece un recorte prácticamente total del FISU, administrado por movimientos sociales, algunos de los cuales son religiosos y cercanos al Papa Francisco.
“Una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados. El preámbulo dice que dos de los objetivos de la Constitución Nacional son: afianzar la justicia (los desfavorecidos que nacieron en villas y no tuvieron oportunidades necesitan la intervención del Estado) y promover el bienestar general”, empieza el texto.
Además, explican que “antiguamente, las villas no figuraban en los mapas. Aparecían como ‘espacios verdes’. En un momento dado, la sociedad “se desayunó” con la existencia de las villas. Se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta que se instaló bastante el concepto de integración urbana. Con idas y venidas se fueron dando pasos en este sentido”.
“En medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas públicas que se fueron dando en barrios populares. Las mismas posibilitaron crecer en inclusión. Así, muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas. No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos”, suman.
En ese sentido, enumeraron los distintos impactos que este recorte podría tener. Dijeron que es "un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores". Además, puntualizaron que la intervención estatal en "los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer" y que "bajar el presupuesto del FISU sería volver para atrás". "No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente, es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”.
Para cerrar, le piden al Gobierno "confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva”.
Firman este comunicado 50 religiosos del equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires: Lorenzo de Vedia, Facundo Ribeiro, Gastón Colombres, Carlos Olivero, Nicolás Angellotti, Guillermo Torre, Ignacio Bagattini, Pedro Cannavó, Gustavo Rofi, Andrés Benítez, Damián Reynoso, Adrián Bennardis, Joaquín Giangreco, Leonardo Silio, Ariel Corrado, Andrés Tocalini, Pedro Baya Casal, Miguel Berriel, Francisco Ochiuzzi, Hugo Salas, Hno. Cristian Viscardi, Mariano Oberlin, Francisco Contamin, Hernán David, Daniel Echeverría, Mario Vicente Lezcano, Héctor Díaz, Diácono Marcelo Cuello, Marcos Aguirre, Daniel Pesce, Federico Salmerón, Pablo Viola, Marcelo Ciavatti, Mauricio Cardea, Fabio Solti SJ., Marcelo Durango, Melchor López, José María Di Paola, Pancho Velo, Daniel Petelin, Juan Berli, Carlos Arce, Ubirajara Salazar, Ignacio Rey Nores.
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