Luego de la sucesión de fallos en contra que sufrió el mega DNU de Milei ante la Justicia, el Gobierno rediseña su estrategia jurídica para lograr mantener la vigencia del decreto. El primer revés había ocurrido luego de que los magistrados de la Cámara del Trabajo suspendieran la reforma laboral contenida en el DNU al aceptar la cautelar que había enviado la CGT.
Tras ello, los mismos camaristas aceptaron un planteo hecho por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y volvieron a suspender las reformas laborales. Como argumento para dictar la nueva medida, los jueces subrayaron “los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”.
Ahora, el Ejecutivo tiene tres días para apelar los dos fallos, tarea que quedó a cargo de Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación. Sin embargo, la atención del Gobierno está puesta en la resolución del juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal, quien habilitó la feria judicial para analizar la totalidad del DNU y rechazó un pedido del Gobierno para sacarle el caso de la CGT a la Cámara del Trabajo.
Así, los artículos del DNU que regulan los cambios en las condiciones para los despidos, el financiamiento de los sindicatos, las asambleas, el período de prueba y la licencia por embarazo, entre otros; quedaron sin efecto hasta que se resuelva el fondo de la demanda.
La decisión de Lavié Pico derrumbó la intención del Gobierno de concentrar todo en un amparo colectivo. De esta manera, desde la presidencia saben que la batalla final se resolverá en la Corte Suprema de Justicia.
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