La Ley Ómnibus enviada al Congreso por Javier Milei toca una muy importante cantidad de temas, incluyendo la seguridad y las atribuciones que tienen las fuerzas de seguridad locales y provinciales, y cambia el marco regulatorio de la legítima defensa.

Entre los cambios introducidos al Código Penal, el megaproyecto de Milei propone aumentar las penas para el delito de resistencia a la autoridad, dandole mayor libertad a la policía por sobre los ciudadanos. Además, amplía los supuestos para la figura de legítima defensa, que aplica tanto para los policías como para ciudadanos en general. De esa manera, se alivia la presión sobre los ciudadanos que se defienden de un delito o acto de violencia.

Además, el proyecto del nuevo gobierno involucra la derogación de una muy curiosa ley de Defensa, aprobada en 1978 y que sigue vigente hasta el día de hoy. Esta medida de la dictadura autorizó "a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a importar como material secreto de seguridad, sin verificación previa y en las condiciones que tal caracterización supone, los elementos, materiales y/o equipos netamente especializados, destinados a su equipamiento y/o funcionamiento".

Esa misma ley eximía a la Policía Bonaerense del pago de los derechos de importación y "todo otro gravamen, contribución o tasa que deba tributar por todo concepto por las importaciones que realice en las condiciones autorizadas por el artículo 1º".