La jueza María Eugenia Capuchetti promovió una investigación penal paralela a la del atentado contra la vicepresidenta para determinar si existió algún delito por parte de las fuerzas de seguridad que manipularon el celular de Fernando Sabag Montiel en las primeras horas posteriores al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.
Lo hizo después de que se conociera un informe de la Gendarmería Nacional que detalló una cadena de responsabilidades que involucrarían a la Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la manipulación e inutilización del aparato.
La investigación sobre la PFA y la PSA buscará determinar si existió un delito de acción pública durante el traslado del celular de Sabag Montiel.
Según el informe, durante la madrugada del 2 de septiembre un experto de la PFA bloqueó el teléfono al intentar extraer la información, y agrega que el celular quedó reseteado cuando ya estaba en poder de la PSA.
De esta manera, Capuchetti afirmó que, en función de los resultados del peritaje, correspondía hacer la denuncia sobre las dos fuerzas involucradas a los fines de establecer si existió un delito de acción pública. Por sorteo, la causa recayó en manos de la jueza María Servini.
Más Información
