La fiscal federal Paloma Ochoa pidió que sean citados a declarar en indagatoria el exministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano, y Alejandro Paul Vandenbroele, arrepentido del caso Ciccone, por el que fue condenado junto con el vicepresidente Amado Boudou.

Vandenbroele se acogió al programa de Protección a Testigos e Imputados, que le dio los fondos para que montara una posada en Mendoza. Según el dictamen presentado ante el juez Julián Ercolini, se le entregaron unos $4.478.559, pero también se le pagaron otros gastos, incluidos abogados para solucionar su situación en la AFIP. La asistencia económica, según la ley, debía haberse extendido solo por seis meses pero en este caso duró más de dos años.

El Estado le entregó $4 millones de pesos  a Vandenbroele durante el gobierno de Macri bajo el pretexto de una medida especial de protección y la asistencia se brindó por 2 años cuando debía ser por seis meses.

Según Ochoa, esos pagos ordenados durante el macrismo al belga-argentino iban más allá de lo permitido por la ley para preservar la seguridad de un colaborador de la Justicia: "Bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa (...) y destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación; todo ello en perjuicio de las arcas del Estado".

La fiscal también pidió que sea citado a declarar como acusado, por los mismos hechos, Francisco Lagos, exdirector del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Otra irregularidad que detectó en relación al programa es que se infringieron las normas cuando Vandenbroele se ausentó de su casa y le dijo a su custodia que tenía permitido irse solo y no era así. Ochoa sostuvo que sólo por eso el arrepentido debió haber sido expulsado del programa y no se hizo.

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La fiscal también afirmó que el 5 de agosto de 2019 un funcionario del programa había recibido una llamada de Laura Muñoz, exmujer de Vandenbroele, que le dijo que el día anterior su exmarido había "acompañado a su hija a su domicilio en estado de ebriedad, manejando su automóvil, y que no era la primera vez que trasladaba a su hija en ese estado".

Por su parte, Garavano, quien desde que dejó la función pública integra el equipo de asesores jurídicos de Macri, afirmó que "es un nuevo ejemplo de la ofensiva de los k para tratar de invalidar la causa Ciccone y lograr la impunidad".