Imagínense un país donde se venden un millón setecientos mil autos usados cada año. Imagínense que por una legislación de la época de la dictadura hay que hacer un tramiterío infinito como en ningún otro país de la región. Imagínense también que asociado a ese papeleo hay una serie de gastos por distintos conceptos que pueden sumar hasta el 10% del valor del vehículo de la operación, tres veces o más que en el resto de la región. Imagínense por último que todo eso se hace en unas oficinas opacas que tienen definido su público cautivo por domicilio y cuyos titulares son designados con quién sabe qué criterio, mayormente entre las familias de la política, con licencias que duran prácticamente de por vida.
Ése es ni más ni menos el mundo de los Registros de la Propiedad Automotor, un Mordor de la burocracia inexplicable y generadora de cajas que nutren a tantos actores del poder que nadie, en ninguno de los costados de la grieta, tiene el más mínimo incentivo para cambiarlo. Total se sostiene con la guita de los que quieren comprarse un auto y asumen el costo.
Se trata de un flujo que sólo en el primer semestre de este año sumó unos 34.400 millones de pesos, según respondió el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a una pregunta al respecto en su visita al Congreso. Esos -entonces- más de $70 mil millones por año que cobran los registros seccionales por “aranceles de transferencias”, más el “informe de dominio” y los “libre deuda”, son sólo una parte de una fiesta que además se actualiza por inflación, porque todo está atado al precio de los autos.
Si se tomara que en promedio las unidades cuestan US$ 10 mil, y si se extrapolaran al resto del país las condiciones de transferencia que operan en la Ciudad de Buenos Aires (donde no se paga Ingresos Brutos pero sí ese espectacular invento llamado “Sellos”), en un año la compraventa también mueve:
- $ 152 mil millones para los organismos recaudadores provinciales;
- $ 7000 millones para las policías que hacen la verificación policial;
- $ 6700 millones para las entidades que hacen grabados de autopartes;
- $ 2500 millones para las concesionarias de autos por el “formulario 08”;
- $ 680 millones para los organismos de vialidad que entregan reportes varios;
¿Cuánto de esto es realmente necesario para garantizar un sistema de circulación de autos usados seguro y transparente? ¿Cuánto es tongo infinito?
Difícil saberlo.
Hay más de 1500 registros seccionales en todo el país, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). Hoy la conduce la abogada María Eugenia Doro de Urquiza, que el jueves tuiteó: “Gracias a Néstor volvimos a creer en nosotros mismos para construir una patria mejor”.
Todo registro de la propiedad automotor es político, da la impresión.
A veces se deduce con solo mirar los nombres y apellidos de sus titulares. Es conocido el caso de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, que encabeza el registro 57 de la Ciudad de Buenos Aires. Menos difundido es que María Eugenia Snopek, la esposa de Gerardo Morales, maneja el número 3 de San Salvador de Jujuy.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, todavía figura como titular del número 5 en la página del municipio de Comodoro Rivadavia, aunque en los registros nacionales está a cargo de un familiar de nombre Juan Pablo. En Comodoro, además, la oficina número 6 está a cargo de un tal Gonzalo Guinle, como se llama el hijo del fallecido diputado justicialista Marcelo Guinle.
A su vez, Marcela Fatima Menem, sobrina del ex presidente, controla el registro porteño número 61, mientras que el número 60 está a nombre de Hugo Anzorreguy, el hijo homónimo del jefe de la Secretaría de Inteligencia justamente durante el mandato del riojano. Incluso, habría que preguntar si quien figura al frente del registro número 3 de San Miguel, Florencia Ester De la Torre, tiene algo en común con Joaquín, el ex intendente y hoy precandidato a gobernador cerca de Patricia Bullrich, que viene a terminar con “la casta”.
Es que se trata de un universo donde las designaciones también pueden incluir amistades, parentescos más lejanos y devoluciones de favores, todo lo cual contribuye a un entramado mucho más difícil de desanudar y que por eso tal vez no genera encendidos discursos entre los que hoy hacen campaña con promesas de achicar el Estado o cortar privilegios. Son ductos muy deseables para recibir fondos del público como un maná del cielo, sin controles oficiales ni mucha justificación tampoco.
Salud sin respuestas
Es uno más de los incontables agujeros negros que se consolidan en el funcionamiento de un país con límites gaseosos entre lo público y lo privado, y entre lo público y lo partidario. Y en un universo donde además, la inflación arraigada contribuye a la especulación infinita en mercados esenciales, como puede ser el de la salud.
Esta semana, la vicepresidenta denunció en su habitual crítica como si no fuera parte del Gobierno el aumento que aplicará la medicina prepaga en las cuotas de diciembre. Más allá de lo loco de que disparara contra lo que estableció una resolución del gobierno que pone en práctica los criterios de la ley de prepagas que se sancionó en su mandato como jefa de Estado, lo interesante es que la observación de Cristina Fernández tampoco apunta a resolver otros universos indescifrables del mercado:
– ¿Cuánto sale un medicamento salido de la puerta de la fábrica? Un secreto guardado bajo siete llaves que se pierde en la maraña de descuentos que se le hacen a las distribuidoras, a las droguerías y a las farmacias y que diluyen la responsabilidad de que aumenten por encima de la inflación. Como el médico prescribe y el paciente consume, pero el Estado, los sindicatos o las prepagas son las que abonan, se nota menos esas remarcaciones de los laboratorios, aunque luego incrementen los costos se le traspasa a los usuarios de un sistema donde el hospital público perdió el lugar de ser primera línea de atención para todo el mundo;
– ¿Por qué los financiadores del subsector privado, es decir las prepagas, pagan a las clínicas, sanatorios y en definitiva a los médicos entre 90 y 120 días después de cobrar las cuotas? ¿Cuánto dinero ganan por inversiones financieras durante esos 3 o 4 meses en una economía con este costo de vida? ¿Por qué no se sabe?
Son preguntas estructurales del funcionamiento de un mercado, el de la salud, que por todo concepto puede englobar hasta un 10% del PBI plagado de irregularidades, injusticias e imperfecciones que se perpetúan, ya sea por ineficiencia, por falta de voluntad política para modificarlo o por arreglos con los popes farmacéuticos que financian candidaturas, y que -parece- no ameritan un posteo de redes sociales.
