El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió procesar a cinco exgerentes de la TV Pública por fraude, al entender que retiraron 11,4 millones de pesos en efectivo sin los controles administrativos correspondientes. Los acusados ya fueron indagados a mediados de este año por el juez federal Luis Rodríguez, que ahora debe decidir si los procesa.
El retiro de dinero se produjo entre el 26 de febrero y el 8 de marzo pasado. Los acusados son Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales (DAyF); Claudio Lamalfa, Tesorero; Guillermo Siairia, director de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales; Ernesto Molinero, gerente de Producción; y Ariel Berliner, subgerente de Gerencia de Producción de la UNC7.
Una vez que estalló el escándalo, Rosario Lufrano, directora de la TV Pública, suspendió la tira y se logró el retorno de $8.089.083 del total de $11.400.000 extraídos de la cuenta bancaria de Radio y Televisión Argentina SE.
La acusación
Los cinco exfuncionarios están acusados de haber extraído, para la producción “Los amores prohibidos de Belgrano”, los $11.400.000 como anticipo de gastos para adquirir de manera discrecional productos y servicios, por fuera de las regulaciones sobre el manejo de fondos y eludiendo los mecanismos de control internos. Para el fiscal Policita, ello redundó en “indebidos beneficios para los imputados y hacia terceras personas”; entre ellas, “la encausada Adriana Maestri” y provocó “un perjuicio económico en las arcas públicas”.
“La conducta desarrollada por los nombrados estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira en cuestión, extremo que generó un lucro indebido al no contar con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”, escribió el fiscal.
De la Torre, Lamalfa, Siaria, Berliner y Molinero, “excediéndose en sus funciones y abusando de la confianza que les había sido depositada, dispusieron arbitrariamente de fondos del Estado Nacional” violando los “principios generales que rigen su accionar como funcionarios públicos”, dijo el fiscal, que sostuvo que gestionaron y autorizaron en expedientes administrativos “diversos anticipos de gastos cuyas irregularidades quedaron evidenciadas”.
La fiscalía dijo que eludieron la norma que establece que los anticipos de gastos por mas de 3000 pesos deben ser autorizados por el directorio. Para la fiscalía, no tenían aval de las autoridades y dos pedidos adicionales de anticipos se gestionaron rápidamente, sin que se hubiera rendido el primero de ellos.
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