El 24 de marzo de 2017, Luis Rolando Palavecino intentó asesinar a su expareja, Olga del Rosario Díaz, de cinco puñaladas. La mujer, que llegó al Hospital Pirovano rozando el límite entre la vida y la muerte, había denunciado al padre de sus hijos dos veces en el pasado tras años de sufrir sus agresiones. Las denuncias no la protegieron, ni lo detuvieron a Luis. Olga sobrevivió tras 45 días en terapia intensiva, y lo que averiguó más tarde representó un terrible broche de oro en su historia: el juez que recibió su denuncia era, a su vez, un denunciado por violencia de género.
En 2020, “el caso llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condena al Estado argentino por la violencia que ejerció sobre Olga. Para eludir las consecuencias, el Estado propone una solución amistosa y Olga pide que se lleve un registro de los funcionarios denunciados por violencia de género. Porque ella, de pueblo chico, se entera de que quien debía haberla protegido, el juez que toma las denuncias, era a su vez un denunciado”, reconstruye Claudia Acuña, fundadora del Observatorio Lucía Pérez, en diálogo con Diario Con Vos.
Frente a las demoras del Estado, la organización que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata tomó la posta y elaboró su propio registro. A la fecha de esta nota, llevan la cuenta de 353 funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tienen denuncias de distinto tipo por violencia contra las mujeres. Si a ese número se añaden las demandas contra miembros de las fuerzas de seguridad y la iglesia católica, la cifra asciende a los 495.
Aunque el registro que Alberto Fernández y Elizabeth Gómez Alcorta se comprometieron a elaborar existe -bajo la órbita del Consejo de la Magistratura- está “bastante oculto”, con lo cual desde el Observatorio Lucía Pérez optaron por sostener un archivo independiente y accesible. El criterio para elaborarlo es el mismo que el del registro oficial: “Si se presenta una denuncia ante la Justicia, nosotros hacemos el registro y lo que se computa es la carátula que tiene el caso”.
Lo que más tiempo les lleva, agrega Claudia, “es que tratamos de actualizar la fuente, porque los casos van evolucionando. Por ejemplo, el caso de Espinoza lo registramos al momento en que se presenta la denuncia y con los años fue cambiando”. El del intendente de La Matanza es el caso que tomó más visibilidad en estos días, pero por supuesto no es el único. Gobernadores, candidatos, policías, fiscales, jueces, legisladores y curas desfilan en un listado que exhibe todos los colores partidarios y una amplia gama de formas de violencia de género.
Por ejemplo, en el listado figuran Horacio Rodríguez Larreta y Juan Manzur. Sobre el exjefe de Gobierno porteño pesa una denuncia por abandono de persona. Tanto a él como a Diego Santilli los demandó la familia de Carla Soggiu, una joven a quien el Gobierno de la Ciudad le había otorgado un botón antipánico que ella accionó cinco veces, llegando incluso a hablar con dos operarios de la empresa que administraba el aparato, a pesar de lo cual nadie la fue a buscar. Fue recién a los cuatro días que la encontraron asesinada por su expareja, Sergio Nicolás Fuentes, al cual ella ya había denunciado.
A Juan Manzur, por su parte, lo denunciaron por el ya conocido episodio en el cual el entonces gobernador de Tucumán impidió que se practicara un aborto sobre una niña de 11 años, embarazada tras una violación. “Los casos tienen que ver con la violencia patriarcal. La violencia laboral lo es, además de los casos que tienen una connotación sexual ,y también todo lo que implique una mirada patriarcal acerca de los derechos”, fundamenta Claudia.
Si un funcionario, que sería el que tiene que ser más impoluto, es el más corrupto y sinvergüenza, ¿Qué esperás para los de abajo?
Marta Montero
¿Qué nos dice que haya tantos funcionarios denunciados por violencia de género? ¿Qué queda pensar de todos los posibles casos que no se hayan registrado, por miedo, por presiones o influencias? Desde la furia y el conocimiento que le da su propia experiencia, Marta Montero, madre de Lucía Pérez, da una respuesta rápida, segura y sin endulzantes: “Hay un cinismo tan grande, una corrupción tan grande, una mafia tan grande. Vos te encontrás con que las causas no se investigan”.
Por su parte, Claudia aporta que “la violencia patriarcal atraviesa todo y obviamente también al Estado. Lo que pasa es que, al ser funcionario, vos tenés posibilidades de entorpecer la investigación, y ahí tenemos que estar alerta porque quiere decir que tiene mayores posibilidades que cualquier tipo de ciudadano de que esa denuncia no avance. Cuanto más alto rango, más posibilidades de que esa interferencia impida que se sepa la verdad, cual sea el resultado”.
Si vos mirás los procesos judiciales y el tiempo que lleva cada uno, te vas a dar cuenta de que cuando existe alguna pertenencia a un poder estatal el tiempo de las causas se triplica, eso es un dato.
Claudia Acuña
“Hoy estamos peor que nunca, pero antes no estábamos mejor, porque a mí a Lucía me la mataron hace ocho años. El gobierno es de turno, pero todos hicieron lo mismo, esto no se descubrió hoy porque está este de ojos azules”, expresa, en conversación con este medio, Marta Montero, refiriéndose al intendente de La Matanza imputado por abuso sexual.
Y reflexiona: “No alcanza con esa denuncia que sale y se hace pública, hay que luchar para destituirlos, así como (sucede con) esos dos jueces que nosotros tenemos en un jury”. Se refiere al proceso que ella y su familia impulsan contra los magistrados Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, por haber dejado libres a los asesinos de su hija, en un primer momento, esgrimiendo argumentos misóginos y que culpabilizaban a la joven asesinada.
“Esto es una sociedad desquiciada y perversa, porque si un funcionario, que sería el que tiene que ser más impoluto, es el más corrupto y sinvergüenza, ¿Qué esperás para los de abajo?”, se pregunta, finalmente, la madre de Lucía.
