La mayoría de los trabajadores despedidos, forman parte del Colectivo LGBTIQ+, son personas con discapacidad o padecen enfermedades crónicas, y cuentan con hasta 20 años de antigüedad. El anuncio de “Reorganización de tareas” no incluye renovación de personal, sino el cierre del instituto para que el Ministerio de Justicia absorba sus funciones.
El Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), funciona desde 1995 elaborando políticas nacionales para combatir la discriminación en todas sus formas. Su objetivo es garantizar el trato igualitario hacia todas las personas. En los últimos años, registró un aumento exponencial de consultas y denuncias: Un organismo en funcionamiento y constante crecimiento.
En un contexto en el que los discursos de odio se ven cada vez más naturalizados, lejos de fomentar el trabajo del INADI para que pueda intervenir ante la difusión de estos mensajes, el Gobierno Nacional decidió desguazarlo: “El presidente avanzará en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para absolutamente nada”, expresó el vocero Manuel Adorni en una de sus conferencias diarias y agregó “Son cajas de la política o lugares para generar empleo militante”.
Las acciones del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo están dirigidas hacia las personas que ven vulnerados sus derechos al ser discriminadas por su origen, su ideología, su sexualidad, su identidad, su género, su edad, su aspecto físico, por tener alguna discapacidad o por su edad. Garantiza la aplicación de la Ley 24.515 que protege ante actos discriminatorios, brinda asesoramiento integral e impulsa campañas educativas.
El aviso de despido a los trabajadores llegó vía correo electrónico con el mensaje: “No corresponde prorrogar su designación transitoria”. Varios que lo recibieron fueron contratados a través del Cupo Laboral Trans o son parte del Colectivo LGBTIQ+. Otros padecen enfermedades crónicas o son personas con discapacidad. Casi todos tienen entre 17 y 20 años de antigüedad en el Instituto, es decir que fueron parte de él durante todos los gobiernos que cumplieron mandato en esos años. Pese a que la policía les prohibió el ingreso a su puesto de trabajo, eligieron manifestarse en la puerta hasta obtener una respuesta.
Mediante un comunicado del Ministerio de Justicia, el ministro Mariano Cúneo Libarona afirmó que será su administración la que se hará cargo de las funciones del INADI ya que “cuenta con personal preparado para realizar eficazmente las tareas”. Reorganización de tareas, absorción de organismos… Un anticipo de la Ley Bases.
En caso de que se apruebe completa la Ley Bases, que no obtuvo dictamen y continuará su debate en la Cámara de Senadores la próxima semana, las Facultades Extraordinarias que le otorgarán al presidente Javier Gerardo Milei le permitirán tomar decisiones legislativas en materia administrativa, económica, financiera y energética hasta el 31 de diciembre de 2025. Es decir, podrá intervenir y eliminar casi todos los organismos públicos.
El desmantelamiento de INADI podrá verse replicado, por ejemplo, en instituciones como el Banco Nacional de Datos Genéticos, que se utiliza para buscar e identificar a hijos de personas desaparecidas. Si bien en Cámara de Diputados se logró crear un listado de excepciones, como CONICET, ENACOM y ANMAT, podrán eliminar sus competencias o reorganizar sus estructuras generando nuevos despidos. Más motosierra, menos empleo, y menos presencia del Estado como garante de los argentinos.
