Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, adelantó que el Gobierno cambiará el Código Procesal Penal Federal (CPPF) y dio una conferencia de prensa en la que detalló que buscan «una transformación absoluta de la Justicia«.

Desde el oficialismo buscan implementar el juicio por jurados y la reforma del Código Penal, comentó Libarona, desde el primer Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, donde presentó la reforma. «Queremos que en el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. Nicolás Posse me habla de ‘mano justa'», sostuvo el ministro.

Sobre la modificación del Código Penal, Libarona dijo que se trata de un «momento histórico en la Argentina» y contó que buscan acelerar los procesos judiciales. Desde la modificación implementada con el Código Procesal Penal Federal, quieren que el ordenamiento procesal federal, que hasta ahora sólo funcionaba en Salta y Jujuy, pase a funcionar en todo el país. Hasta ahora la decisión del proceso judicial recaía primero sobre el juez y, con la reforma, pasará a estar en manos del Ministerio Público Fiscal.

«Si sos víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación», explicó el ministro.

El sistema adversarial acusatorio, entonces, tiene «un fiscal que investiga, la defensa que defiende y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles indelegables jurisdiccionales». Y agregó que esto contribuiría en que los procesos judiciales se adelanten: «es el sistema idóneo, eficaz, de oralidad, transparencia, publicidad, con participación de partes, sin tanto papeleo y tiempo, es mucho más rápido«.

Primero se enfocarán en la ciudad de Rosario para implementarlo, «con celeridad debido a la situación de emergencia, crisis, clamor popular, llamado de los propios jueces, para actuar» y que luego le seguirían las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.