Argentina se consagró como el primer país de toda latinoamerica en prohibir las esterilizaciones forzadas para personas con discapacidad. El pasado 9 de diciembre el Congreso modificó la Ley 26.130 que permitía la ligaduras de trompas o vasectomías a pedido de sus familias o representantes legales.
El reclamo fue impulsado por organizaciones de derechos humanos que se oponían a que se siguiese avasallando las libertades individuales de las personas con discapacidad. Por esto, impulsaron la reforma de la ley de anticoncepción quirúrgica y para así evitar las esterilizaciones forzadas.
Los cambios en la ley establecen que todas las personas con discapacidad deben manifestar un consentimiento informado y autónomo para someterse a esta intervención.
«Es un avance histórico para la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las PCD, porque implica adecuar la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional», afirmó Elsa Schvartzman de la asociación FUSA a Télam.
Con 51 votos afirmativos queda aprobado, por unanimidad, el proyecto que modifica la ley 26.130 de “régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica” sobre los servicios de sistema de salud para personas con discapacidad
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 9, 2021
Los cambios en la ley establecen que todas las personas con discapacidad deben manifestar un consentimiento informado y autónomo para someterse a esta intervención. El mismo debe ser comprendido y facilitado en formatos accesibles como la lengua de señas o el sistema Braille.
En la historia de la humanidad, miles de personas con discapacidad han sido esterilizadas con argumentos falaces como «evitar violaciones», «que no se indisponga más», «las discapacidad es heredable» o «no pueden cuidar a nadie». La modificación de la ley va en la misma línea que la lucha feminista por «el derecho a decidir» sobre el propio cuerpo, ya sea para tener o no tener hijos y para elegir el método anticonceptivo.