Por Facundo Mesquida
A partir de la Resolución 00049/16, la Defensoría del Pueblo de la Nación creó, el 15 noviembre de 2016, un Observatorio de Femicidios, con la finalidad de reunir, producir, elaborar, sistematizar, analizar y comunicar datos e información sobre estos hechos que ocurren cotidianamente en nuestro país.
Según los últimos datos disponibles del Observatorio, en nuestro país fueron cometidos 103 femicidios entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2021, es decir, un femicidio cada 35 horas.
El agro no está exento de este tipo de hechos y en muchos casos, la extensión territorial de las explotaciones agropecuarias, la falta de organismos de seguridad que atiendan específicamente casos de violencia de género en el ámbito rural y la precariedad de algunas producciones complica aún más las cosas.
Recientemente se dieron a conocer los casos de dos femicidios cometidos en sólo 48 horas. Las víctimas fueron Gabriela Giménez de Tucumán y Luciana Sequeira de Santiago del Estero.
Las vidas de Gabriela y de Luciana
Gabriela tenía 22 años y vivía en la localidad de Benjamín Paz, departamento de Trancas, a 60 kilómetros de la capital de Tucumán. El lunes 14 de junio salió de trabajar en la finca pero nunca regresó a casa.
Como solía dormir intermitentemente en la casa de su hermana y la de su papá, los familiares no pudieron detectar su ausencia de forma inmediata. Recién el martes por la noche, al cruzar mensajes, notaron que Gabriela no estaba con ninguno de los dos y realizaron la denuncia correspondiente.
La policía actuó rápidamente registrando camiones que circulaban por la zona y el miércoles por la mañana se presentaron en el lugar de trabajo de la desaparecida para hacer un rastrillaje, pero el sereno del establecimiento que los iba a recibir se dio a la fuga.
Horas más tarde, el sereno fugado envió un mensaje de WhatsApp a la familia de Gabriela reconociendo que él era el femicida y detallando dónde estaba el cuerpo. El jueves por la tarde, una compañera de Gabriela lo reconoció cerca de un monte y con la ayuda de la policía local lograron detenerlo.
Luciana tenía 17 años y vivía en Villa Atamisqui, localidad de Santiago del Estero de 4.000 habitantes a sólo 110 kilómetros de la Capital. El miércoles 16 de junio ingresó a un hotel con su compañero de escuela Lautaro Corvalán, pero horas más tarde el dueño del hotel la encontró desangrándose, evidentemente golpeada y convulsionando en la cama.
El dueño del hotel llamó automáticamente a la policía (la comisaría está a cuatro cuadras), pero los efectivos que atendieron no le creyeron. Tras un segundo llamado telefónico y diez minutos de espera, los policías se hicieron presentes en el hotel y llamaron a la ambulancia, que tardó otros diez minutos en llegar al lugar donde se encontraba Luciana. Horas más tarde, la víctima del femicidio murió desangrada en el hospital.
La brutalidad de asesinato conmovió a Villa Atamisqui y a toda la comunidad santiagueña, dado que cuando Luciana ingresó al hospital el personal médico comprobó que la hemorragia provenía de su vagina y que “tenía cortes y quemaduras internas” que asociaron al uso de una “picana”.
Cuando Luciana ingresó al hospital, el personal médico comprobó que la hemorragia provenía de su vagina y que “tenía cortes y quemaduras internas” que asociaron al uso de una “picana”.
La causa se inició contra Corvalán (hijo de un policía) como presunto asesino de Luciana, quien ya se encuentra detenido pero se negó a declarar y se esperan los peritajes de los celulares para tener más información. También vinculan el caso con otro joven de apellido Galeano, hijo de la presidenta del Concejo Deliberante de Atamisqui.
El exintendente de Villa Atamisqui, exdiputado provincial y profesor de filosofía Roberto Brandán fue denunciado por su pareja por recibir una “golpiza” y por una alumna del profesorado por “acoso”. Actualmente está libre y circula por las calles del pueblo.
El “otro” agro
Una de las particularidades que unen a las víctimas de estos femicidios es que Gabriela y Luciana eran integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra (UTT), entidad rural que nuclea a pequeños productores, agricultura familiar y trabajadores del agro argentino.
A esta entidad rural la conocemos bien porque es la encargada de organizar los famosos #Verdurazos o #Frutazos frente al Congreso Nacional o Casa Rosada, como forma de visibilizar sus reclamos y también para que los consumidores puedan acceder a estos alimentos a precios populares.
Ellos son los que están impulsando una Ley de Acceso a la Tierra, similar a lo que podría ser un “ProcreAr Rural”, son quienes producen alimentos de manera 100% agroecológica y que no manejan la misma agenda del agro “tradicional” como lo hacen los integrantes de la Mesa de Enlace o el Consejo Agroindustrial Argentino.
Rosalía Pellegrini, coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la UTT, explicó cuál es la realidad que viven las mujeres del campo que menos recursos tienen.
“La pandemia del Covid-19 agravó aún más la situación que vivimos con la violencia de género en el sector rural, porque producimos alimentos en tierras de otros y las chicas que son campesinas y laburantes de las chacras, viven en una precariedad absoluta”, detalló.
La pandemia agravó aún más la situación de violencia de género en el sector rural. Producimos alimentos en tierras de otros y las chicas campesinas y laburantes de las chacras viven en una precariedad absoluta” (Rosalía Pellegrini, coordinadora de la Secretaría de Género de la UTT)
Y continuó: “no tenemos las condiciones económicas, estructurales, ni materiales para decir BASTA. Somos las más abandonadas en el país y no tenemos ni estadísticas puntuales y específicas en cuanto a violencia de género en el interior productivo”.
Consultada sobre si los órganos oficiales que hoy existen pueden responder a este tipo de casos, Rosalía fue contundente: “No, no hay dispositivos para atender la violencia en el ámbito rural. No existe en la ruralidad el Estado ni la ayuda. Los caminos son intransitables, no hay internet para hacer un trámite, una demanda o una denuncia –dijo–. Llamar al 911 para que llegue un patrullero es que no venga, porque no hay caminos”.
Y finalizó: “Le venimos reclamando al ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, políticas específicas para el sector, pero no nos han dado ninguna solución. Como no hay comisarías de la mujer en territorios rurales no te toman las denuncias, y está naturalizada la violencia de género en el campo porque es un rito machista de que las mujeres tienen que hacer las tareas del hogar, cuidar a los hijos y listo”.