Fiel a sus fervientes promesas de campaña y a cuatro días de iniciado su mandato, el gobierno de Donald Trump anunció más de 500 detenciones y cientos de deportaciones de “inmigrantes ilegales” efectuadas en plena madrugada. La maniobra se corresponde con la retórica antiinmigratoria del republicano, empeñado en asociar a los extranjeros con la delincuencia y la brutalidad.
Donald Trump impulsó sus primeras redadas contra los inmigrantes en las últimas horas, concretamente en las ciudades de Boston y Chicago. Allí, unidades de elite del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que funciona como una “policía anti-inmigración”, salieron a cazar migrantes.
La locación de las primeras operaciones de este tipo no es casual, debido a que ambas ciudades están gobernadas por demócratas que se niegan a colaborar con la política expulsiva. “Es inaceptable y reprensible”, aseguró tajantemente el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, esta primera maniobra persecutoria se habría dirigido específicamente contra criminales, tales como “terroristas” y “convictos por crímenes sexuales contra menores”. En concreto, la funcionaria dio el dato de 538 arrestos y “cientos” de expulsiones del país en aviones militares.
De esta manera, el gobierno de Trump busca reforzar la idea de la criminalidad generalizada de los inmigrantes y presentar su persecución como una cuestión de seguridad nacional, achacándoles el aumento de la criminalidad y la violencia que abundan en la sociedad estadounidense.
Ola de medidas contra los inmigrantes desde la asunción de Trump
Desde el propio día de su asunción, Trump encargó al ejército de Estados Unidos colaborar en la seguridad fronteriza, prohibió el asilo e impulsó medidas para limitar la ciudadanía de los niños nacidos en suelo estadounidense.
El presidente republicano declaró a la inmigración ilegal una “emergencia nacional”, lo cual le permitirá arremeter más agresivamente contra el fenómeno. Algunas medidas en este sentido fueron la orden al Pentágono para que apoye en la construcción de un muro fronterizo, espacios de detención y transporte de migrantes. Asimismo, autorizó al secretario de Defensa a enviar tropas a la frontera.
También reestableció el programa “Quedate en México” impulsado durante su mandato anterior, según el cual los solicitantes de asilo deberán esperar en territorio mexicano mientras se tramitan sus pedidos. En la misma línea, dio de baja el programa de entrada CBP One que había implementado Joe Biden y permitía ingresar legalmente a Estados Unidos agendando una cita a través de una app. Las citas ya pautadas fueron canceladas, dejando a varios migrantes “atónitos y sin saber qué hacer”, según la prensa norteamericana.

Más aun, el pasado 22 de enero el gobierno de Trump ordenó a la Justicia que investigue a los funcionarios que se resistan a sus medidas antiinmigratorias. En un memorando, el fiscal general adjunto interino del presidente, Emil Bove, indicó que las autoridades estatales y locales deberán colaborar con la política migratoria bajo amenaza de posibles cargos penales.
Organizaciones de derechos humanos y civiles llamaron la atención contra esta serie de medidas. En ese sentido, Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes), condenó la Ley Laken Riley, aprobada por el Congreso este jueves, que impulsa la detención de migrantes.
En declaraciones recogidas por RFI, el dirigente aseguró que la política de Trump “busca expandir el número de personas que puedan ser deportables” y envía un mensaje “muy frío”: “Ningún inmigrante en Estados Unidos está seguro, aun cuando tenga papeles”.
Con información de Reuters.