Mediante la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete, firmada por Guillermo Francos, el Gobierno anunció la revisión y eliminación de decenas de programas de Ciencia y Tecnología, orientados al desarrollo de conocimientos y técnicas en varias áreas. La comunidad científica calificó a la medida como un “cientificidio” sin precedentes.
La Resolución publicada por el Gobierno encomienda a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua, evaluar los programas creados en la órbita del ex Ministerio de Ciencia bajo “parámetros de economicidad”. Apoyándose en la “emergencia” y la “situación de crisis económica y financiera” declaradas por el Ejecutivo, la norma habilita a Genua para dar de baja todos los programas que considere. Más aún, los ejecutores que hayan recibido subsidios deberán devolver los fondos no rendidos.
Como es habitual, el Gobierno planteó que su objetivo es equilibrar las cuentas eliminando, en este caso, las investigaciones que a su criterio no estén “al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país”. La Resolución menciona, además, que la revisión de los programas científicos se deberá ajustar al “Plan Estratégico definido para el 2024-2025”, orientado a “las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”.

Qué programas serán perjudicados por el recorte en Ciencia
Tras la publicación de la Resolución, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología emitió un comunicado de rechazo en el que menciona varios de los programas que serán afectados por la medida, entre ellos: “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia”, destinados al fortalecimiento de las capacidades de ciencia y tecnología mediante infraestructura y equipamiento; “Impactar”, con la finalidad de responder a demandas de municipios; RAÍCES, orientado a la repatriación de científicos argentinos que viven en el extranjero.
También serán perjudicados “Poblar”, repositorio de datos genéticos con amplias aplicaciones en salud; Apoyo a Redes CyT de Alto Impacto, donde se articulaban grupos temáticos en temas estratégicos a nivel nacional; Fortalecimiento de Recursos Humanos en Organismos de CyT, que contribuyó a la incorporación de doctores en instituciones descentralizadas; y Grandes instalaciones e instrumentos, que permitió la incorporación de equipamientos e infraestructura de alto costo monetario pero necesarios para distintas ramas de la ciencia y la tecnología.
La reacción de científicos e investigadores
En su comunicado, la Mesa Federal por la Ciencia puso en duda los fundamentos esgrimidos por el Gobierno para recortar: “Si —como afirma el oficialismo— tras un año de ajuste sobre jubilaciones y distintas políticas de Estado destinadas a sectores vulnerables, la inflación fue controlada y se logró el equilibrio de las cuentas públicas… entonces, ¿por qué siguen ajustando? ¿Por qué continúan con el desmantelamiento de las capacidades estatales? La respuesta es simple: porque el objetivo real no es macroeconómico, sino ideológico”.
“La eliminación de los programas mencionados atenta directamente contra las capacidades científico-tecnológicas nacionales, la soberanía y las posibilidades de lograr un desarrollo con agregado de valor en el país. Viendo los temas de los programas afectados, nos preguntamos: ¿éstos no atienden a “necesidades de la población”?”, cuestionaron los organismos y agrupaciones nucleadas en la Mesa.
En ese sentido, consideraron que, más bien, tales programas “no atienden a los intereses de grupos concentrados y potencias extranjeras que expresa este gobierno”, y reprocharon que, mientras la Resolución refiere a fondos no ejecutados, “el propio Genua en 2024 ejecutó tan solo el 6,37% del presupuesto asignado a su cartera”.

Por otro lado, señalaron que el tono de la Resolución “cubre con un velo de sospechas de mal ejercicio del gasto público a los profesionales que llevan adelante la ejecución de los programas y convenios”, contribuyendo a la persecución y estigmatización de la ciencia y tecnología nacionales.
Asimismo, los científicos destacaron que la medida menciona un “Plan Estratégico definido para el 2024-2025” y eso es “extremadamente grave, ya que desconoce el Plan 2030, aprobado por unanimidad en el Congreso, en octubre de 2023”. Mientras que este último rige legalmente, el “2024-2025” fue apenas mencionado en un tuit del Gobierno.