El pasado 28 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó finalmente un proyecto de ley destinado a controlar el mercado de juegos en línea y, de esa forma, prevenir la ludopatía. La normativa fue apoyada por 140 votos, aunque obtuvo 36 en contra y 59 abstenciones. Sin embargo, a pesar de los objetivos planteados por este proyecto, uno de los que se resisten a sus planteamientos es la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas de Argentina (Alea), por aparentemente restarle poder en cuanto a recaudaciones.
Antecedentes de las regulaciones del juego online en Argentina
Nuestro país, contrario a otras naciones de la urbe, ha carecido históricamente de una ley nacional que controle el funcionamiento de las diferentes plataformas de juegos online. En ese sentido, tal responsabilidad había sido delegada a las provincias, lo cual había devenido en varias perspectivas regulatorias en el país. La normativa existente en Buenos Aires, por ejemplo, data de 2018 cuando se aprobó la Ley 15.079. Esta permite el funcionamiento de varios operadores bajo reforzadas normas que los controlen y eviten el juego ilegal, además de que contribuyan a la economía mediante ingresos fiscales.
Por su parte, aprobada en 2020 en Mendoza, la Ley 9.267 prohíbe este tipo de actividades en línea, situación que comparte, asimismo, Corrientes. En el caso de Córdoba, al igual que Buenos Aires, existe una legislación que regula y controla las distintas plataformas, las cuales deben funcionar obligatoriamente bajo licencias aprobadas, supervisiones y mecanismos de seguridad.
Características del nuevo proyecto de ley
El proyecto ha estado sujeto a no pocas opiniones encontradas debido a los cambios que supone para el mercado de juegos online en Argentina. Uno de los principales puntos es la prohibición de publicidad para dichas plataformas. Esto significa que la promoción y patrocinio de apuestas en línea y juegos de azar no están permitidas en ningún medio de comunicación, convencional o en línea, así como a través de influencers o deportistas. En cambio, dichas acciones publicitarias solo tendrán cabida dentro de las salas de juegos autorizadas siempre y cuando empleen el slogan “El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia”. Asimismo, deberán incluir una herramienta de ayuda para personas afectadas por la adicción al juego.
Otro aspecto es la prohibición de patrocinios de equipos, instituciones o festivales deportivos, así como de los bonos de bienvenida. Estos últimos, junto a otro tipo de bonos, son la mejor forma que tienen los casinos de mantener fieles a sus usuarios, tal como se reseña en AskGamblers AR, donde también se pueden encontrar bonos de todo tipo y que están disponibles en el mercado argentino.
La propuesta incluye también un apartado que restringe el acceso a plataformas de juego y apuestas online a menores de edad. En ese sentido, los operadores están obligados a implementar medidas de seguridad sólidas como la verificación biométrica conectada al Registro Nacional de las Personas. Además, se promueve la creación del Registro Nacional de Autoexclusión, para que personas con problemas de adicción al juego, o sus familiares, puedan autoexcluirse y recibir ayuda.
Asimismo, aquellos operadores que hayan contraído deudas con el Estado; tengan antecedentes penales por fraude, lavado de dinero, entre otros delitos; mantengan un vínculo con funcionarios de las autoridades reguladoras o el medio deportivo; entre otras cuestiones, estarán vetados de obtener un permiso de funcionamiento. A ello se suman los cambios en cuanto a los métodos de pago, pues solo podrán emplearse tarjetas de débito y e-wallet con límites diarios. En dicho caso, cualquier tipo de transacción sólo se ejecutará por el usuario luego de someterse a la identificación biométrica.
El proyecto de ley incluye además campañas educativas y de concientización acerca del juego responsable y los riesgos de la ludopatía. En caso de incumplir lo dispuesto por la iniciativa, el infractor podría someterse a multas de entre 500 y 100.000 unidades. Además, las entidades que operen sin ninguna autorización podrían ser sancionadas a penas de entre 3 y 10 años, o multas, e incrementar las sanciones de involucrar menores de edad.
Debates en torno al proyecto de ley
La sesión entró en un período de discusión que versó en dos temas fundamentales: la autonomía de las provincias para establecer las regulaciones del juego online, y la publicidad en tales plataformas, que estaría prohibida según el proyecto de ley. En ese sentido, según los promotores del mismo, este se aprobó en un escenario marcado por el aumento del juego online en Argentina. De acuerdo con las declaraciones del presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, de cada 100 apuestas, 21 se realizan en plataformas que están reguladas por las jurisdicciones provinciales. Ante ello mencionó la interrogante: “¿qué hacemos con las otras 79 apuestas que son ilegales?”.
En su argumento indicó que “se trata de qué hacemos con el juego ilegal, con la apuesta ilegal, con la ludopatía que es el residuo” pues, según explica, “hoy estamos viendo la punta del iceberg de algo que no conocemos a ciencia cierta las consecuencias”. Por su parte, Roxana Reyes, miembro de la UCR, una de las organizaciones que se abstuvo, enfatizó en la necesidad de luchar contra la ludopatía, sobre todo la infantil, tomando estrictas medidas y sancionando penalmente a todo el que incurra.
Asimismo, Eduardo Toniolli, de Unión Por la Patria, subrayó la carencia de campañas de concientización ni talleres o charlas en centros educacionales, así como de un fuerte control biométrico. En ese sentido, la miembro de la CC, Mónica Frade, destacó la necesidad de un marco regulatorio a nivel nacional que aborde la problemática del juego adictivo “invitando a las provincias a adherir a esta normativa”. Asimismo, enfatizó en el hecho de cómo la salud mental y las recaudaciones por parte de las plataformas se contraponen, pues “tiene que ver con un mega negocio que en la Argentina ha tenido un desarrollo inusitado en estos años”.
No obstante, en representación de La Libertad Avanza, Nadia Márquez afirmó que el presente proyecto no constituye una solución para los problemas que él mismo plantea. Según indicó, lo fundamental es “reforzar una perspectiva de familia como núcleo básico de la sociedad”, pues de lo contrario, si no se solidifica la toma de conciencia por parte de los padres, “difícilmente podremos revertir este flagelo en niños y adolescentes. Si no, va a terminar siendo letra muerta cualquier ley que podamos sancionar”. Aunque la funcionaria se mostró a favor de este punto, no mostró igual interés en el caso del juego para los adultos. Según expresó, “no podemos imponer a una persona adulta qué tipo de vida quiere llevar”.