A diez años de la muerte de Alberto Nisman, la investigación sobre su fallecimiento continúa. La Fiscalía Federal N°3, encabezada por el fiscal Eduardo Taiano y con la colaboración de Hernán Kleiman, presentó un nuevo informe de 52 páginas en el que reafirma su hipótesis de que el fiscal fue víctima de un homicidio y no de un suicidio, como se había especulado en un primer momento.
Nisman fue hallado muerto en su departamento en Puerto Madero en la noche del 18 de enero de 2015. En las horas previas a su muerte, había presentado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios por encubrir a los responsables del atentado a la AMIA. Según el informe que se conoció hoy, su asesinato estaría vinculado directamente a su trabajo en la causa AMIA y a su denuncia sobre el controversial Memorándum de Entendimiento con Irán, cuyo objetivo habría sido lograr la impunidad para los iraníes acusados del atentado.
Muerte de Nisman: irregularidades y obstáculos en la investigación
El documento de la Fiscalía sostiene que, desde el comienzo, la investigación del caso estuvo marcada por graves irregularidades. Los fiscales refieren a un montón de "trabas", registradas especialmente durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Según los investigadores actuales, la falta de colaboración de organismos del Poder Ejecutivo, en particular de los servicios de inteligencia, dificultó el esclarecimiento.
La Fiscalía también subraya las fallas en el manejo de la escena del crimen: "La primera hora y media desde que se ingresó al departamento estuvo repleta de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina. Hasta el momento no se ha brindado ningún tipo de justificación o asignación a tarea específica que sustente este accionar, que atentó directamente contra la preservación de la escena".
En cuanto a los detalles del asesinato, el informe sostiene la idea de que Nisman fue reducido por al menos dos personas que ingresaron a su departamento, lo trasladaron hasta el baño de su habitación, lo obligaron a ponerse de rodillas y lo ejecutaron con un disparo en la cabeza, entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero. "Se corroboró la participación activa de terceras personas, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza", se señala.
En esa línea, la Fiscalía asegura que el crimen fue cuidadosamente planificado para simular un suicidio, utilizando un arma registrada a nombre de Diego Lagomarsino, un colaborador cercano de Nisman. "Como parte del plan criminal tendiente a simular un suicidio fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman", se lee en el texto.
El informe también cuestiona el papel de los custodios de Nisman, quienes, según la Fiscalía, lo dejaron desprotegido durante más de 12 horas, entre la noche del sábado y el mediodía del domingo. Este abandono facilitó no solo el crimen, sino también la manipulación de la escena. "Durante ese fin de semana, los miembros de la Policía Federal Argentina que debían protegerlo abandonaron la consigna vigente en reiteradas ocasiones y por lapsos de tiempo prolongados. De esta forma, no sólo se vio facilitado el accionar homicida que terminó con la vida del fiscal, sino también la libertad de manipular la escena sin ningún tipo de control", señala el reporte.
La conexión con los servicios de inteligencia
Uno de los puntos más controvertidos del informe es el análisis de los posibles vínculos de Lagomarsino con los servicios de inteligencia. Aunque no figura en los registros oficiales como agente de inteligencia, la investigación apunta a que tenía estrechos vínculos con estos sectores, y que incluso habría obtenido información sensible sobre la causa AMIA antes de que Nisman presentara su denuncia. Según el documento, Lagomarsino poseía en su domicilio información clasificada vinculada a la denuncia de Nisman desde antes de la presentación.
A través de testimonios y pruebas tecnológicas, se sostiene que Lagomarsino tenía acceso a documentos clasificados y que su participación en el caso fue mucho más que la de un simple colaborador. "Fue identificado por el jefe de la PSA como alguien vinculado a los servicios de inteligencia", se destaca en el informe.
Además, el reporte detalla la influencia de los servicios de inteligencia del Ejército, que en los años previos y posteriores a la muerte de Nisman habrían jugado un papel clave en la manipulación de la información vinculada a la causa AMIA.
A pesar de la complejidad del caso, el informe concluye que la investigación sigue avanzando, en tanto se solicitaron registros de cerca de 100 líneas telefónicas y se intensificaron las medidas de prueba para determinar la identidad de los responsables del crimen. Además, la fiscalía requirió al presidente Javier Milei la desclasificación de documentos de inteligencia que podrían arrojar nueva luz sobre el caso.