Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad volvieron a emitir un comunicado en conjunto, esta vez para rechazar las acusaciones emitidas por Nicolás Maduro contra Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño arbitrariamente detenido en Venezuela.
"La República Argentina rechaza categóricamente las falsas e infundadas acusaciones del dictador Nicolás Maduro contra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo", indicaron en el comunicado. El mandatario venezolano había dicho que Gallo llegó a Venezuela con el objetivo de atentar contra la vicepresidente Delcy Rodríguez.
Al mismo tiempo, el Gobierno afirmó que Maduro realizó dichas acusaciones "sin prueba alguna" y exigió la "inmediata liberación" de Gallo. Además, aseguró que las acusaciones de Maduro buscan "desviar la atención de la grave crisis política, económica y social" que vive Venezuela.

La posición expresada por el gobierno de Javier Milei suma las advertencias que realizaron organismos internacionales de Derechos Humanos sobre la situación del gendarme catamarqueño, quien permanece detenido desde el 8 de diciembre.
También alertaron por las graves violaciones a los derechos humanos que se suceden bajo el gobierno de Maduro, y acusó al mandatario venezolano de buscar "perpetuarse en el poder", así como obstaculizar los "esfuerzos legítimos de la oposición".
De hecho, el opositor y reconocido ganador de las elecciones venezolanas por gran parte de la comunidad internacional, Edmundo González Urrutia, fue recibido por Milei en la Rosada el pasado sábado 4 de enero.
Urrutia busca regresar al país para ser consagrado como nuevo presidente, mientras que Maduro pretende jurar por tercer mandato consecutivo por el período 2025-2023 el próximo 10 de enero. La oposición ya convocó a la ciudadanía a movilizarse el próximo jueves.
El comunicado del Gobierno contra Maduro
En un extenso comunicado, el gobierno argentino expresó que "la República Argentina rechaza categóricamente las falsas e infundadas acusaciones del dictador Nicolás Maduro contra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, a quien ha señalado, sin prueba alguna, de intentar afectar la seguridad de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico”.
Además, señaló que "Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje. No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano”.
La misiva oficial también dijo que "el Gobierno argentino exige, una vez más, la inmediata e incondicional liberación de Nahuel Agustín Gallo, garantizando su integridad física y psíquica, así como el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países".
“El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone con rigor las graves irregularidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, que utiliza el aparato estatal como herramienta de control político y social para perpetuarse en el poder y obstaculizar los esfuerzos legítimos de la oposición democrática, encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado”, continuó.
El comunicado afirmó además que “el Estado argentino repudia estos atropellos y hace un llamado a la comunidad internacional a condenar enérgicamente estos actos criminales y violatorios del derecho internacional”.
Y concluyó: "La República Argentina reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la región y seguirá impulsando acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) y los organismos internacionales competentes, responsabilizando al régimen de Maduro por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, abuso de poder e incumplimiento de sus obligaciones internacionales, con el firme propósito de que dichas violaciones sean investigadas y sancionadas".